El presidente francés, François Hollande, que en solo cuatro meses en el poder ha visto diluirse como un azucarillo en un café la popularidad que lo llevó hasta el Elíseo envuelto en un halo de esperanza, ha tratado este domingo por la noche en televisión de congraciarse con una opinión pública cada vez más inquieta ante los estragos de la crisis.

Francia prevé la recuperación económica en dos años. ATLAS / REUTERS

El presidente francés, François Hollande, durante su entrevista televisada este domingo. REUTERS

Firme, Hollande se ha fijado un periodo de dos años para sacar a Francia del pozo y ha anunciado el primer tijeretazo de su mandato para conseguir en este tiempo un ahorro de 30.000 millones de euros, "el esfuerzo económico más grande de los últimos 30 años", según sus propias palabras.

Más contundente todavía, ha afirmado que durante este tiempo se aplicará "sin excepciones" la carga impositiva del 75% del IRPF para los ingresos superiores al millón de euros, una promesa emblemática de su campaña. Una vez en la senda de la recuperación, esta medida podrá ser abandonada. Y el dirigente socialista ha adelantado también una próxima reforma del mercado laboral.

"Tengo como misión la recuperación del país. Voy a establecer un agenda de recuperación, en dos años, en el empleo y las cuentas públicas", ha manifestado el presidente, que llegó al poder con el eslógan del cambio como bandera y que ha tenido que hacer frente a críticas de inmovilismo y de inconcreción de sus reformas. "No puedo hacer en cuatro meses lo que mi predecesor no hizo en cinco años", se ha defendido.

Crecimiento del 0,8%

Hollande ha anunciado que las cuentas públicas del 2013, sometidas a la exigencia de reducir el déficit hasta el 3% del Producto Interior Bruto (PIB), se harán con una previsión de crecimiento del 0,8% y para alcanzar este objetivo, el Estado deberá encontrar la forma de ahorrar 30.000 milllones de euros. "Habrá que encontrarlos", ha subrayado.

Y ha empezado a desglosar de donde saldrán. Su Gobierno aplicará recortes de 10.000 millones en educación, seguridad y justicia. Otros 10.000 procederán del esfuerzo fiscal de las familias y otros 10.000 procederán de aportaciones suplementarias de las empresas del país.