El Gobierno húngaro retira la tasa a internet por presión de la calle

Internet no se toca. Esa es la lección que ha debido de sacar el primer ministro húngaro, Viktor Orban, a quien las movilizaciones populares, sobre todo de los jóvenes, han forzado a retirar el proyecto para implantar un impuesto sobre el uso de internet. Según reconoció el propio Orban, «el impuesto sobre internet no puede ser adoptado en su forma actual». Además, ha prometido realizar una consulta nacional para reformular la iniciativa y que consistirá en enviar un cuestionario sobre el tema a los hogares.

El anuncio de ese proyecto, que supondría la aplicación de una tasa a las descargas por internet, hizo que el pasado domingo varias decenas de miles de personas se manifestaran en Budapest acusando el Gobierno de «liberticida» al considerar que esa tasa restringe la libertad de expresión y socava la democracia. A esa manifestación le siguió otra, aún mayor, el pasado martes, que reunió a 100.000 personas en Budapest y a otros miles en otras ocho ciudades del país.

EJECUTIVO DESBORDADO / La reacción a ese proyecto desbordó al Gobierno, que nunca imaginó que un impuesto sobre el uso de internet pudiera generar un rechazo social tan generalizado. En realidad, las protestas por ese impuesto han sido las más multitudinarias a las que se ha enfrentado Orban desde su llegada al puesto de primer ministro en el 2010. De hecho, en la manifestación del domingo, grupos de jóvenes arrojaron partes de ordenadores antiguos contra la sede del Fidesz, el partido de Orbán.

Durante la semana, el Gobierno ha intentado calmar las protestas, llegando incluso a bajar el importe del impuesto. No tuvo éxito. La ciudadanía no ha aceptado la intención gubernamental de imponer una tasa sobre el tráfico de datos en internet, que pretendía gravar con 50 céntimos de euro cada gigabyte hasta un máximo de 2,2 euros al mes para los particulares y 15 euros para las empresas. El propio Ejecutivo reconoció que el objetivo de ese impuesto no era más que ingresar efectivo en las arcas del Estado, lo mismo que se pretende con otra tanda de tasas judiciales y al comercio. La previsión era ingresar al menos 60 millones de euros cada año.

No obstante, los manifestantes y la oposición desconfían de Orban y creen que la propuesta e formulario del próximo enero es un truco para reintroducir el impuesto.

CRÍTICAS DE LA COMISIÓN EUROPEA / El proyecto fue criticado también por la Comisión Europea, que llegó a calificarlo de «idea terrible». Ayer, la CE celebró su retirada y que «las voces del pueblo húngaro hayan sido escuchadas». De hecho, la presión de la CE parece haber sido clave también para que Orban dé marcha atrás. «Estoy orgullosa de que la Comisión Europea haya jugado un papel positivo en la defensa de los valores europeos y la Europa digital», afirmó en un comunicado la comisaria de Agenda Digital, Neelie Kroes, quien ya dijo esta semana que el impuesto perjudicaría a Hungría, un país que está por debajo de la media en crecimiento digital.

El impuesto sobre internet se suma a una serie de polémicas medidas adoptadas por Orban sobre la libertad de prensa o la justicia que han hecho que incluso EEUU denuncie un retroceso en las libertades en Hungría.