Gobierno argentino critica la jueza que investiga presuntas llamadas de traficantes
La magistrada pidió que identifiquen quiénes son los narcotraficantes que supuestamente se comunicaron telefónicamente con la Casa Rosada
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El PeriódicoEl jefe de Gabinete del Gobierno argentino, Jorge Capitanich, ha criticado este lunes lo que ha calificado de "tono intimidatorio" de la jueza que investiga presuntas llamadas de narcotraficantes a teléfonos de la sede del Ejecutivo argentino. "Nos llama poderosamente la atención porque al mismo tiempo establece una expresión de tono intimidatorio o amenazante porque dice que, si no se responde tendrá que allanar (registrar)", ha dicho el jefe de Gabinete en conferencia de prensa.
Capitanich ha reiterado que el Gobierno responderá a las preguntas de la Justicia y ha señalado que el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, "está elaborando la información requerida para su ulterior respuesta". "Esto implica la identificación clara respecto a número o números y horario correspondiente", ha agregado el jefe de Ministros argentino. En declaraciones radiales, el secretario de Seguridad argentino, Sergio Berni, ha admitido que "las llamadas deben existir" si lo dice la magistrada, aunque le pidió que identifique quiénes son los narcotraficantes que supuestamente se comunicaron telefónicamente con la Casa Rosada, sede del Poder Ejecutivo.
La jueza argentina María Servini de Cubría hizo pública la semana pasada la investigación y advirtió que dictará una orden de registro si no recibe la información solicitada sobre quiénes usan los números telefónicos que aparecen en las pericias. En la causa están procesados el exsecretario de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar), José Granero (2004-2011), y el director del Registro Nacional de Precursores Químicos, Julio de Orué. En la misma situación se encuentra Gabriel Yusef Abboud, actual analista de datos en el Ministerio de Seguridad. En la resolución que determinó el procesamiento de los altos cargos, Servini de Cubría consideró que unos 40.000 kilos de efedrina importados por autorización de la Sedronar entre 2004 y 2008 fueron desviados hacia el narcotráfico.
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