El exjuez español Baltasar Garzón, abogado de Julian Assange, planea recurrir al Tribunal Internacional de Justicia en La Haya (TIJ) para lograr que el Reino Unido permita al fundador de Wikileaks trasladarse a Ecuador, país que le ha concedido asilo diplomático, según afirmó en la ciudad australiana de Brisbane. Garzón prometió también que habría una «gran sorpresa», en la cuestión de los presuntos delitos sexuales que Suecia imputa a Assange.

Baltasar Garzón.

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Información publicada en la página 12 de la sección de Mundo de la edición impresa del día 24 de agosto de 2012 VER ARCHIVO (.PDF)

Según Garzón, la defensa está en posesión de elementos cruciales sobre esta acusación y habrá «una gran sorpresa» cuando sean hechos públicos. Sin entrar en detalles, el abogado dijo algo que los ecuatorianos ya venían repitiendo: existe un «conocimiento fragmentado» sobre la causa abierta en Suecia.

Garzón sostuvo que la justicia sueca debería interrogar a Assange en la embajada ecuatoriana en Londres, donde se encuentra refugiado. Pero la Fiscalía de Estocolmo rechazó ayer de plano la sugerencia. «No hay nada nuevo. Esperamos aquí a Assange», afirmó la portavoz de la Fiscalía, Helena Ekstrand.

REUNIÓN DE LA OEA / El caso Assange será abordado hoy en la reunión de ministros de Exteriores de la Organización de Estados Americanos (OEA), convocada a tal efecto. Los países latinoamericanos han decidido cerrar filas con Quito, lo que anticipa un nuevo enfrentamiento con EEUU y Canadá, que apoyan a Londres.

Las afirmaciones de Garzón fueron ayer seguidas con gran atención por las autoridades ecuatorianas. El presidente, Rafael Correa, afirmó el miércoles que «mientras a un criminal de la calaña de Augusto Pinochet se le negó su extradición a España por motivos humanitarios, a Assange se le dice que se tiene la obligación de extraditarlo». Por una ironía de la historia, Garzón es protagonista de ambos acontecimientos.

El argumento de Correa volverá hoy a ser repetido en Washington por la representante ecuatoriana ante la OEA. Ecuador ha elaborado una propuesta de resolución en la que se pide de forma explícita que los cancilleres condenen «enérgicamente la amenaza del uso de la fuerza entre los estados», así como reiterar la plena vigencia de los principios consagrados en el Derecho Internacional, el respeto a la soberanía y el fiel cumplimiento de los tratados internacionales».