El futuro de la candidatura de Fillon ya está en manos de un juez

La fiscalía abre una investigación sobre los supuestos empleos ficticios de la familia del aspirante conservador a la presidencia de Francia

François Fillon y su esposa, Penelope, en un mitin político en París el pasado 29 de enero.

François Fillon y su esposa, Penelope, en un mitin político en París el pasado 29 de enero.

EVA CANTON / PARÍS

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Malas noticias para el candidato conservador a la presidencia francesa. Tras cuatro semanas de investigación preliminar, la fiscalía financiera ha decidido abrir una instrucción judicial sobre los supuestos empleos ficticios de la esposa y dos de los hijos de François Fillon. El futuro del candidato de Los Republicanos está ahora en manos de un juez instructor que deberá decidir si le imputa y, llegado el caso, si lo sienta en el banquillo.

La fiscalía instruirá un sumario por desvío de fondos públicos, abuso de bienes sociales, tráfico de influencia y por no respetar las obligaciones de declarar ante la autoridad superior de transparencia de la vida pública.

Los policías de la Oficina anticorrupción no ha encontrado pruebas tangibles o testimonios convincentes que acrediten que Penelope Fillon trabajó como asistente parlamentaria de su marido en diferentes periodos comprendidos entre 1998 y 2013.

Por este empleo cobró de las arcas públicas 830.000 euros, según reveló en su momento ‘Le Canard Enchaîné’. Tampoco hay rastro de su actividad en la Revue des Deux Mondes, por la que percibió 100.000 euros entre 2012 y 2013. Ni del trabajo de dos hijos de la pareja, estudiantes de derecho cuando su padre, que ocupaba un escaño de senador, les contrató como asistentes parlamentarios.

La investigación no ha permitido confirmar por tanto las declaraciones de Fillon, quien ha defendido no sólo la legalidad de los contratos sino que su esposa y sus hijos trabajaron realmente para él.

El pasado 16 de febrero, la Fiscalía anunció que no archivaba el caso y que seguía adelante con la investigación, dando a entender que se habían encontrado indicios de un posible delito. La decisión de la institución judicial supuso un nuevo revés en la campaña de Fillon, quien se presentó a los franceses como el abanderado de la honestidad y ahora ve comprometida su campaña por este escándalo.

NO SE RETIRARÁ

Cuando la justicia abrió la investigación el pasado 25 de enero, Fillon aseguró que retiraría su candidatura si era imputado. Sin embargo, tres semanas más tarde cambió de opinión y dijo públicamente que ni siquiera en ese caso se apearía de la carrera al Elíseo.

El desvío de fondos públicos está castigado con hasta diez años de cárcel y un millón de euros de multa. Es a lo que, teóricamente, se arriesga François Fillon si la investigación concluye que su mujer no hizo el trabajo por el que cobró.

El abuso de bienes sociales, mientras, puede conllevar cinco años de prisión y 375.000 euros de multa, que es lo que pesa sobre Penelope Fillon si los empleos no eran reales.

La Fiscalía ha justificado la apertura de diligencias por la “antigüedad de una parte de los hechos afectados” y para aplicar la decisión del ministerio público de seguir investigando. Los abogados de la pareja Fillon han dicho no tener ninguna duda de que la inocencia de sus clientes será reconocida por “jueces independientes”.

Es poco probable que la instrucción finalice antes de las elecciones presidenciales (23 de abril y 7 de mayo, primera y segunda vuelta respectivamente), aunque sí sería posible imputar a Fillon. No obstante, el candidato podría beneficiarse de una “tregua electoral”, una tradición no escrita que evita a los candidatos sentarse ante un tribunal.