Francia reducirá el gasto público para acabar con su "adicción" a la deuda

Después de la solemnidad del Congreso de Versalles, donde Emmanuel Macron fijó el rumbo general de su mandato sin entrar en los detalles, este martes ha sido el primer ministro, Edouard Philippe, quien se ha dirigido a la Asamblea Nacional para anunciar el calendario de las principales medidas que pondrá en marcha el Ejecutivo en la recién inaugurada legislatura.

Durante su discurso de política general, al término del cual lograría sin sorpresas la confianza de la Cámara (370 votos a favor, 67 en contra y 129 abstenciones) , Philippe expuso en poco más de una hora y a un ritmo vertiginoso todos los temas que tendrá encima de la mesa el Consejo de ministros de aquí a finales del 2022. Finanzas públicas, fiscalidad, justicia, sanidad, educación, terrorismo, mercado laboral, pensiones, inmigración, vivienda, ecología y Europa.

Para empezar, el Gobierno quiere desintoxicarse de la “adicción” francesa a la deuda pública, que un reciente informe del Tribunal de cuentas ha cifrado en 2,1 billones de euros, y mantiene su intención de rebajar el déficit al 3% en el 2017, a pesar del agujero de 8.000 millones heredado del Gobierno anterior. “Bailamos sobre un volcán que crece cada día con más fuerza”, advirtió Philippe en la tribuna al anunciar que se recortará el gasto público tres puntos del PIB en cinco años.

Los ajustes no se harán, según Philippe, a expensas de los contribuyentes porque “Francia no puede ser a la vez campeona del gasto público y de la presión fiscal” y el Gobierno ha prometido bajar un punto la fiscalidad, suprimir a partir del 2018 las cotizaciones salariales y compensarlas con una subida del 1,7 de la llamada Contribución Social Generalizada.

PROMESAS RELEGADAS

Sus cálculos arrojan un aumento de poder adquisitivo para 20 millones de ciudadanos. También se bajará en cinco años el Impuesto de Sociedades –hoy en el 33,3%- hasta situarlo en el 25% para acercarlo al de otros socios y competidores europeos. Una sonora promesa que hizo el presidente Macron durante la campaña –eliminar el impuesto sobre la vivienda para el 80% de los hogares- ha quedado relegada y escasamente definida.

Medidas poco problemáticas, como la reforma del derecho de asilo para agilizar los trámites de los demandantes, empezarán a abordarse la próxima semana. Sobre otras, igualmente urgentes pero más peliagudas, como la flexibilización del mercado laboral, Philippe ha pasado de puntillas limitándose a dar el calendario de la concertación con los agentes sociales y poco más.

En el capítulo ecológico, Philippe dijo que el Gobierno no concederá nuevos permisos para la exploración de hidrocarburos y que seguirá aumentando la fiscalidad de las emisiones de carbono. Otro anuncio que ha suscitado numerosas reacciones es la intención de luchar contra el tabaquismo aumentando paulatinamente el precio del paquete de cigarrillos hasta los 10 euros.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

Los diferentes grupos de la oposición se estrenaron en el debate posterior criticando las contradicciones y ambigüedades que, a su juicio, contenía la hoja de ruta gubernamental. En contra de otorgar su confianza al Ejecutivo votaron los diecisiete diputados de la Francia Insumisa (FI) que acudieron al hemiciclo código laboral en mano para protestar contra la futura reforma laboral que será aprobada mediante ordenanzas y sin debate parlamentario.

“No somos simplemente una oposición. Somos la alternativa al mundo que usted nos propone. Actuar como usted lo hace es arrojar fuegos artificiales en un polvorín. Entran ustedes en el régimen de golpe de fuerza permanente”, lanzó el jefe de filas de FI, Jean Luc Mélenchon, uno de los mejores tribunos de la nueva y joven Asamblea.