La tregua habrá durado menos de una semana. Después de alcanzar una suerte de acuerdo de no agresión con las asociaciones de gitanos para cerrar la polémica generada por los desalojos de este verano, el Gobierno francés ha desmantelado hoy otro campamento irregular en el que vivían 70 rumanos y búlgaros, entre ellos una veintena de niños, pertenecientes a esta comunidad.
Los gitanos desalojados ocupaban un terreno lindante con la vía del tren en Evry, ciudad de la periferia de París de la que, hasta el pasado mes de junio, fue alcalde el ministro del Interior, Manuel Valls. Firme defensor de una política de firmeza en materia de seguridad y de inmigración, Valls ha justificado la operación por considerar «insoportables» las condiciones sanitarias y de seguridad del campamento. Y ha dicho que los desalojos continuarán cuando haya una decisión judicial -inexistente en el caso de Evry- o cuando las condiciones sean infrahumanas. A su juicio, la situación de los gitanos debe abordarse con los gobiernos de su país de orígen.
El expeditivo estilo de Valls provoca malestar en la izquierda y felicitaciones maliciosas en la derecha. «Intenta imitar a Sarkozy», ha ironizado el jefe del partido conservador del expresidente, Jean François Copé.