El Gobierno francés ha decidido suavizar las medidas transitorias que limitan el acceso de rumanos y búlgaros al mercado laboral, aunque no ha renunciado a las expulsiones y al desmantelamiento de los campamentos ilegales de gitanos que albergan a personas procedentes, en su mayoría, de estas nacionalidades.

Unas niñas gitanas, expulsadas de un campamento en Villeneuve d'Ascq, se albergan cerca de Lille. REUTERS / PASCAL ROSSIGNOL

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Información publicada en la página 11 de la sección de Mundo de la edición impresa del día 24 de agosto de 2012 VER ARCHIVO (.PDF)

El anuncio tuvo lugar tras una reunión interministerial, el miércoles, presidida por el primer ministro , Jean Marc Ayrault, y un encuentro previo con el colectivo Romeurope (que agrupa a las asociaciones de defensa de los gitanos). La Comisión Europea había pedido a Francia medidas concretas para mejorar la situación de los gitanos.

Rumanía y Bulgaria pertenecen a la Unión Europea (UE) desde el 2007 pero, como sucede con cualquier nuevo Estado miembro, algunos países comunitarios aplican restricciones transitorias para sus nacionales.

En la reunión del miércoles se abordó, por primera vez, el problema bajo una perspectiva no únicamente de seguridad. Entre las medidas adoptadas destaca la supresión de la tasa de 700 euros que las empresas estaban obligadas a pagar a la Oficina de Inmigración e Integración si quieren contratar a un rumano o un búlgaro. El Gobierno decidió también ampliar la lista de 150 oficios a los que tienen acceso los ciudadanos rumanos y búlgaros. Finalmente, Francia examinará, tras discutirlo con los estados implicados, la posibilidad de derogar las restricciones antes del del 31 de diciembre del 2013, la fecha de vigencia que estaba fijada.

DISENSIONES / Estas decisiones intentan paliar la polémica generada por las expulsiones de gitanos a principios de agosto y acabar con las disensiones en el propio Gobierno, donde el ministro del Interior, Manuel

Valls, abogaba por tratar el tema con firmeza, mientras la titular de Vivienda, Cécile Duflot, subrayaba que había que buscar soluciones duraderas. La primera secretaria del Partido Socialista (PS), Martine Aubry, que a su vez es alcaldesa de Lille, no dejó de filtrar a la prensa su descontento por la solución solamente policial que proponía Valls.

La preocupación del Gobierno del actual presidente francés, François Hollande, es no ser comparado con las prácticas básicamente represivas de la etapa de Nicolas Sarkozy, que le valieron la vigilancia de la combativa comisaria de Justicia de la UE, Viviane Reding.

Actualmente, 11 países de la UE siguen con las restricciones laborales a rumanos y búlgaros. España, que las levantó formalmente en el 2009, las volvió a implantar en 2011 a causa de la crisis y el galopante desempleo.