OPERADORA DEL CONTROVERTIDO CAMPO DE NAURU

Ferrovial opta a comprar una empresa australiana que gestiona centros de refugiados denunciados por la ONU

Protesta en Brisbane por el trato que reciben los menores en el centro de internamiento de Nauru.

Protesta en Brisbane por el trato que reciben los menores en el centro de internamiento de Nauru. / periodico

CARLA MANSO / MONTSE MARTÍNEZ / MELBOURNE / BARCELONA

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El operador de infraestructuras y gestor de servicios Ferrovial ha mejorado y extendido por quinta vez consecutiva su oferta pública para adquirir la empresa australiana Broadspectrum (antigua Transfield Services). Aunque el consejo de Broadspectrum ya haya anunciado su rechazo por considerarla baja, la española da de margen hasta el 2 de mayo para que los accionistas tomen una decisión definitiva. Se confirma así el interés reiterado de Ferrovial por adquirir el 100% de la empresa que actualmente administra los controvertidos centros de tramitación de solicitantes de asilo que Australia tiene ubicados en islas remotas del océano Pacífico, tramitaciónsolicitantesasilo Australia islas remotas océano Pacífico concretamente las de Manus Island (parte de Papúa Nueva Guinea) y Nauru (país soberano situado a más de 4.000 km de la costa australiana).

Estos centros de tramitación son de facto centros de detención indefinida que ya han sido duramente criticados por el Comité de Derechos Humanos de la ONUComité de Derechos Humanos  ONU por violar sistemáticamente las convenciones de Ginebra. Entre otras, las Naciones Unidas han dado cuenta de evidencias de violación de la Convención Contra la Tortura por parte de Australia, al detener a niños y mantener dichos centros en condiciones peligrosas, inhumanas y degradantes para sus detenidos.

Fuentes de Ferrovial han confirmado que, por ahora, la empresa se encuentra "en medio del proceso de la oferta de adquisición de Broadspectrum". El resultado de la operación se conocerá, si se cumplen los plazos previstos, el próximo 2 de mayo. "En caso de que finalmente fructifique -añaden las mismas fuentes-, podremos acceder a toda la información y valorar que la operación de estos centros se ajusta plenamente a los principios del Pacto Mundial suscritos por Ferrovial".

Por otro lado, organizaciones internacionales como Humans Rights Watch han señalado que los centros están superpoblados y en situación paupérrima, y que las demandas de los solicitantes de asilo no son procesadas de manera justa y transparente, lo cual perjudica su integridad física y mental.

"MOVIMIENTO PELIGROSO"

“Si la oferta sigue adelante, Ferrovial se verá expuesta a la responsabilidad derivada de años de abusos contra los solicitantes de asilo y refugiados, incluidos niños; es un movimiento muy peligroso”, advierte Rachel Ball, directora para la defensa de los derechos humanos de la organización australiana Human Rights Law Centre.

Según otra oenegé australiana, No Business for Abuse, desde que en el 2012 Broadspectrum pasó a administrar los centros, los casos de autolesión y los asaltos sexuales se han incrementado. Sin ir más lejos, el pasado enero 'The Guardian' informaba del presunto asalto sexual a una niña de 6 años en el centro de internamiento de Nauru.   

Matthew Philips, activista de No Business in Abuse, exige a Ferrovial que se comprometa a "acabar con los abusos que se cometen en los centros”, si la española acaba haciéndose con el poder de Broadspectrum en los próximos meses.

402 DÍAS DE DETENCIÓN

Según cifras de febrero del departamento de inmigración australiano, 909 personas se encuentran en Manus Island y 470 en Nauru. En esta última, incluidas 55 mujeres y 50 niños. La media de estancia es de 402 días, lo que sugiere que las personas que están más tiempo en los centros pueden pasarse más de dos años en ellos.

Es justamente eso en lo que Amnistía Internacional (AI) hace hincapié, en la detención obligatoria que Australia impone a todos los solicitantes de asilo, mayoritariamente llegados por mar, mientras se procesa su solicitud y que en muchos casos tiene lugar en terceros países. Durante este periodo tampoco tienen acceso a ningún tipo de asistencia jurídica.

“El Gobierno australiano debería dar a esos solicitantes de asilo una protección, esa es su obligación bajo la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados”, afirma Caroline Shepherd, coordinadora de medios y asuntos públicos de AI-Australia. Centenares de personas se pasan meses o años detenidos y las condiciones de esas detenciones son deplorables. “No nos importa tanto qué empresa se hace cargo de los centros mientras asegure unas condiciones que cumplan con los estándares de derechos humanos, cosa que no ocurre en la actualidad”,  asegura Caroline.

CARTA ABIERTA A FERROVIAL

El activista y exrefugiado Mohammad Ali Baqiri estuvo tres años encerrado en uno de los centros cuando tenía 13 años. De etnia hazara, salió de Afganistán huyendo de los talibanes sin sus padres y acabó tres años detenido en Nauru hasta que su solicitud fue aceptada y finalmente pudo entrar a Australia como refugiado.

Ahora, con 25 años, se considera un melburniano más, estudiante y activista por los derechos humanos. Hace unas semanas escribió una carta abierta a carta abierta Ferrovial en la que reclamaba a la compañía que se dignara a hablar con él para poder advertirles directamente de las consecuencias de hacerse con Broadspectrum.

Lo hizo después de dos intentos fallidos de ponerse en contacto con la empresa directamente. “Ferrovial es una compañía orgullosa de su historia y con demostrado compromiso por los derechos humanos. Su reputación es uno de sus grandes activos, que le ha permitido participar con organizaciones benéficas como Oxfam”, decía Mohammad en 'The Guardian'. 

FUGA DE INVERSORES

En noviembre del año pasado, la actual empresa administradora de los centros se vio obligada a cambiar su nombre de Transfield Services a Broadspectrum. No fue más que un intento de la sociedad matriz, Transfield Holding, por alejarse de los controvertidos centros que ya habían ocasionado numerosas pérdidas a la empresa. Broadspectrum ha ido perdiendo inversores a raíz de su implicación en abusos de derechos humanos y Gobiernos locales, entre ellos el Ayuntamiento de Sídney, prescindieron este mismo año de sus servicios.

Todavía no está claro si el Gobierno Federal australiano renovará la concesión a Broadspectrum, lo que es seguro es que la actual sigue vigente hasta el 2017.