CAMBIO DE RUMBO CON EL NUEVO GOBIERNO

España apuesta a contracorriente por alargar la vida de las centrales

Una cadena humana unió ayer la embajada de Japón con la sede en Madrid de los dueños de Garoña.

Una cadena humana unió ayer la embajada de Japón con la sede en Madrid de los dueños de Garoña.

MANUEL VILASERÓ / Madrid

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España es de los pocos países donde la alarma despertada porFukushima no ha supuesto un freno a la energía nuclear. Al contrario, ha dado un giro proatómico que se explica por la llegada al Gobierno del Partido Popular, una de cuyas primeras decisiones ha sido prorrogar la vida de la central deGaroña a pesar de que sus características son muy similares a las de la japonesa accidentada.

Cuando el expresidente del GobiernoJosé Luis Rodríguez Zapatero decretó que la planta burgalesa cerraría en el 2013, al cumplir los 42 años en funcionamiento, el que sería su sucesor,Mariano Rajoy, se apresuró a visitar la zona para prometer que cuando accediera al Gobierno revocaría la decisión. Así estaban las cosas antes de Fukushima. Un Gobierno socialista con una política energética ambigua con la que intentaba contentar tanto a los detractores como a los defensores de lo nuclear pero que dejaba insatisfechos a ambos y una oposición subida a la ola del renacimiento atómico.

El siniestro de Japón radicalizó la postura antinuclear del PSOE, que se apresuró a prometer el cierre de todas las centrales al fin de su vida útil, estimada en 40 años, aunque ya no le quedaba margen para llevarlo a la práctica. Su última oportunidad la perdió al no cerrar Garoña en el 2011, cuando cumplía cuatro décadas, dejando abierta la puerta a que el PP le enmendara la plana.

CAMBIO PASAJERO / El accidente también obligó al PP a rectificar el rumbo, aunque solo de puertas afuera. Su apuesta pronuclear desapareció en las entrevistas, en los mítines y en el programa electoral, pero resurgió sin ningún complejo pocas semanas después de la toma de posesión de Rajoy. No solo con la prórroga de Garoña sino con la rápida decisión sobre la ubicación delcementerio nuclear en Villar de Cañas (Cuenca). El mensaje del Gobierno es que mientras los técnicos certifiquen que una central es segura, seguirá operando. Y los técnicos, todos ellos pronucleares, sostienen que la mayoría de los reactores pueden alcanzar los 60 años con mejoras y modificaciones. Los resultados de las pruebas de resistencia implantadas por la Unión Europea después del desastre de Fukushima van en esta línea. Ninguna planta cerrará si introduce las reformas necesarias.

La línea que el PP no ha traspasado es la de proponer la construcción de nuevas plantas. Y no es probable que lo haga. De hecho, ninguna ley impide la construcción de nuevas plantas nucleares en España, pero lo cierto es que "no se ha presentado ninguna solicitud", asume María Teresa Domínguez, presidenta deForo Nuclear, la entidad que agrupa a las empresas del sector. No es rentable y encontrarle ubicación sería una misión imposible tras Fukushima.