CRISIS POLÍTICA EN CENTROAMÉRICA

El escándalo de corrupción que sacude a Guatemala en seis claves

El presidente y la exvicepresidenta del país están acusados de formar parte de una red que recibía sobornos a cambio de bajar los impuestos a importadores

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Guatemala vive actualmente una crisis política sin precedentes en su historia más reciente debido a la implicación del presidente, Otto Pérez, y la que fuera vicepresidenta, Roxana Baldetti, en un escándalo de corrupción. Baldetti se encuentra actualmente en prisión preventiva, sospechosa de encabezar el fraude de aduanas, mientras que la fiscalía intenta derogar la inmunidad del presidente.

Este escándalo ha lanzado miles de guatemaltecos a las calles para manifestarse en contra de la corrupción que afecta al país.

El fraude se destapó el pasado 16 de abril, después de que la fiscalía de Guatemala investigara junto con una Comisión Especial de la ONU unas presuntas irregularidades en el servicio de Aduanas, el cual está sujeto a la Superintendencia de la Administración Tributaria (SAT).

1 / ALTOS CARGOS IMPLICADOS

Hasta el día de hoy, ha habido un total de 30 detenidos en relación al caso, desde directivos de la SAT hasta cargos de mayor importancia como la vicepresidenta del Gobierno.

Sobre ellos pesan las acusaciones de haber aceptado sobornos por valor de varios millones de dólares y permitir, a sabiendas, el fraude en las Aduanas guatemaltecas.

2 / FRAUDE ORGANIZADO TELEFÓNICAMENTE

A partir de un total de 89.000 escuchas realizadas para investigar este caso de corrupción, se descubrió que una trama corrupta en aduanas. Consitía en que los importadores contactaban por teléfono con altos funcionarios de las aduanas para llegar a acuerdos que les permitieran, a cambio del pago de sobornos, ver reducidas los impuestos de aduanas que debían pagar.

Una cuarta parte del dinero de los sobornos acabó financiando la campaña presidente de Pérez. En la investigación se estudiaron 5.906 correos electrónicos y 175.000 documentos. Hay un total de 22 empresas involucradas.

La implicación del presidente y la expresidenta se descubrió a través de dichas escuchas. Se referían a ellos con apodos como “El número 1 y el número 2” y los “patrones o jefes de la propiedad”.

3 / GRANDES BENEFICIOS

Pérez era el responsable de nombrar a personas específicas como miembros de alta responsabilidad dentro del SAT para facilitar la operación de la cual, tanto él como Baldetti, se beneficiaban económicamente.

Baldetti ya se encuentra en prisión a la espera de ser juzgada, Pérez, quién todavía conserva su cargo pues se niega a dimitir, no podrá ser llevado ante los tribunales hasta que no se levante su inmunidad presidencial.

ELIMINAR LA INMUNIDAD DE PRESIDENCIAL

Para ello, se ha constituido una comisión de cinco miembros del Congreso, elegidos por sorteo, que deberá redactar en un plazo de 60 días un informe alegando los motivos por los que el presidente debe ser desprovisto de sus privilegios judiciales.

El informe y la petición deberán ser presentados ante el Parlamento y conseguir, al menos, 105 votos de los 158 diputados, más del 66%.

Si se llegara a desproveer al presidente de su inmuinidad, esto no significaría necesariamente su destitución.

INDIGNACIÓN POPULAR

Este escándalo de corrupción, el cual ha golpeado a los máximos mandatarios del Gobierno, ha supuesto una amplia indignación del pueblo de Guatemala. Casi todos los sectores de la sociedad exigen la renuncia del exgeneral como presidente.

Pero este no es el único caso de fraude que ha habido en Guatemala por lo que los movimientos sociales exigen una renovación de la legislación vigente y reformas en la normativa sobre la gestión de los partidos políticos. También piden que se prohíba la reelección de alcaldes y diputados.

ELECCIONES INMINENTES

Las próximas elecciones de Guatemala tendrán lugar el 6 de setiembre y se teme que este escándalo pueda afectar a los votantes que cada vez desconfían más de una clase política ya desacreditada, por lo que el pueblo pide un aplazamiento hasta que Pérez pueda ser juzgado junto con el resto de presuntos implicados y después de una reforma integral del Gobierno y la legislación del país.