Erdogan redobla la represión

Erdogan, durante un discurso el pasado 17 de diciembre.

Erdogan, durante un discurso el pasado 17 de diciembre. / AP / KAYHAN OZER

JAVIER TRIANA / ESTAMBUL

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En los últimos meses, abogar por la paz se ha convertido en una Turquía cada vez más tensa en una actividad de alto riesgo. Si el mero hecho de criticar o mofarse del Jefe de Estado es punible por ley en el país eurasiático, el activismo pacifista va camino de tener unas consecuencias similares.

El pasado día 11 de enero, 1.128 académicos de 89 universidades publicaron un manifiesto solicitando el final de la violencia en el sureste del país, de mayoría kurda, zona de históricas desavenencias y conflicto y lugar en el que se han producido miles de muertos en enfrentamientos entre el grupo armado del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) y Ankara desde finales de los años setenta.

El texto, titulado “No seremos parte de este crimen”, acusaba al Gobierno de asfixiar a las poblaciones de la región kurda con toques de queda interminables y el despliegue de material bélico propio de una guerra. “Solicitamos que el Estado abandone esta masacre y deportación deliberada del pueblo kurdo y otros pueblos de la región. También, que el Estado levante los toques de queda y castigue a los responsables de violaciones de derechos humanos y compense a los ciudadanos que hayan sufrido daños materiales o psicológicos”, reza el texto, censurado en su página web a las pocas horas de la publicación. Asimismo, pedía una resolución pacífica al asunto: “Solicitamos al Gobierno que prepare las condiciones para negociar y cree una hoja de ruta que llevaría a una paz duradera que incluya las demandas del movimiento político kurdo”.

IRA PRESIDENCIAL

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La ira del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, fue casi inmediata. Les llamó quintacolumnistas y traidores. “Sois gente oscura. ¡No sois intelectuales! Lo que queréis es hacer pedazos este país”, espetó el mandatario. El líder de la oposición, Kemal Kiliçdaroglu, le tachó de "supuesto dictador” por esta reacción, y se enfrenta a una querella por difamación. El comentario le puede costar a Kiliçdaroglu 100.000 liras turcas, unos 30.000 euros.

Peor suerte han corrido algunos de los firmantes. En los días subsiguientes a la publicación, más y más de los signatarios (entre los que se encuentra también el lingüista estadounidense Noam Chomsky) fueron detenidos, hasta superar la veintena. Los cargos en su contra van desde “propaganda terrorista”, a “insultar a las instituciones y la república turca” pasando por “incitar al odio, la violencia y la desobediencia a la ley”. De ser considerados culpables, los detenidos podrían enfrentarse a una pena de cárcel de entre uno y cinco años.

PROFESORA DESPEDIDA

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La profesora adjunta de Sociología de la universidad noroccidental turca de Duzce Latife Akyuz fue despedida tras hacerse pública la petición. A renglón seguido, las autoridades locales emitieron una orden de arresto por “firmar una petición legitimizando o alabando las acciones violentas de organizaciones terroristas”.

El Gobierno considera que el manifiesto cuestiona solo la violencia ejercida por el Estado, sin tener en cuenta la practicada por el PKK, la cual también cuesta vidas cada semana. En la misma línea discurre el editorial del diario pro-gubernamental Daily Sabah que, no obstante, concede que firmar un manifiesto es un derecho de cualquier ciudadano turco que jamás puede considerarse un acto violento. La organización defensora de los derechos humanos Human Rights Watch y otras entidades ya han denunciado el caso.

Mientras tanto, en varias localidades del sureste turco, la violencia de ambos bandos continúa.