Un enfrentamiento entre campesinos y policías en la localidad de Curuguaty, en el departamento de Canindeyu (Paraguay), a 200 kilómetros de Asunción, ha provocado la muerte de al menos 17 personas y heridas a cerca de un centenar. La mayoría de las víctimas se resistían a cumplir una orden judicial que los conminaba a abandonar una hacienda ocupada.

La oposición presiona al presidente Fernando Lugo para que decrete el Estado de excepción. El mandatario ha expresado su "firme respaldo a las fuerzas del orden", mientras que el comisario de policía Walter Gómez ha declarado a una emisora de radio que la situación es "bastante grave". "Es una situación límite. Los campesinos han disparado cuando la policía ha llegado al lugar", ha añadido. Gómez ha calificado la refriega, que ha dejado más de 80 heridos entre agentes y campesinos, como el peor choque de los últimos años en el país.

"Son compañeros nuestros de la Liga Nacional de Carperos, que se quedaron a resistir. Son campesinos humildes que han decidido tomar esa decisión, lamentablemente", ha manifestado, por su parte, el dirigente agrario José Rodríguez.

Tierras entregadas por Stroessner

La finca ocupada, de unas 2.000 hectáreas, es propiedad de un conocido empresario local, Blas Riquelme, que hace unos 20 días denunció la entrada en sus tierras del grupo de unas 100 familias. Las organizaciones aseguran que, de hecho, se trata de "tierras mal habidas" que el dictador Alfredo Stroessner entregó a sus aliados.

"No vamos a ceder, vamos a usar todas nuestras fuerzas para que prime el derecho a la propiedad privada y de una unidad económica que está produciendo. Esta es una estancia modelo para mostrarle a cualquiera en nuestro país", declaró Riquelme.