Duterte suspende su guerra contra la droga tras el asesinato de un empresario coreano

Los presuntos narcotraficantes y drogadictos filipinos tendrán un respiro. El presidente, Rodrigo Duterte, ha suspendido indefinidamente su icónica lucha contra la droga mientras purga los cuerpos policiales. Detrás está el asesinato de un empresario surcoreano que avergonzó al presidente, a la policía y al país entero. También apuntaló las sospechas de que en nombre de la guerra contra la droga se suceden extorsiones y otros crímenes variados.

“Después de ese sórdido incidente, dejadme que reorganice el sistema. Mis enemigos aquí son los policías que cometen crímenes”, ha afirmado Duterte después de reunirse con la cúpula de los cuerpos de seguridad. “Disolveremos todas las unidades antidroga de la policía”, ha anunciado esta mañana el mediático jefe policial, Ronald de la Rosa, cuya dimisión fue rechazada por el presidente. Duterte ha admitido que el 40 % de los agentes policiales comete ilegalidades y que el cuerpo es “corrupto hasta el tuétano”.

ENVIARLOS A LAS ZONAS MÁS DURAS

Las medidas urgentes incluyen la elaboración de una lista de policías con antecedentes y su inmediato envío a las convulsas zonas del sur y atestadas de terroristas. “La limpieza es fácil. Todo lo que tenemos que hacer es mirar quién tiene antecedentes, especialmente de extorsión, y recolocarlos. Es legal. Los iré a buscar y les daré nuevos uniformes y botas. Necesitamos una presencia fuerte en Basilan y Lanao, serán los primeros que enviaré ahí”, ha detallado.

Las organizaciones de derechos humanos, la Unión Europea y Estados Unidos se han escandalizado por esa campaña que ha dejado 7.000 supuestos narcotraficantes y drogadictos muertos. Un tercio de las muertes llegó en operaciones policiales. Manila niega las ejecuciones extrajudiciales y apunta a tiroteos en defensa propia. Duterte ha despreciado las críticas, desdeñado fruslerías como la protección de los derechos humanos, enviado “al infierno” al antiguo presidente estadounidense, Barack Obama, y defendido a la policía en la masacre de todo aquel que lejanamente pareciera un traficante. “No me importa una mierda, tengo un deber que cumplir y lo cumpliré”, ha señalado hoy respecto a las críticas.

SECUESTROS POLICIALES

Duterte también ha subrayado desde el primer día la necesidad de terminar con la corrupción policial. El mensaje parece diáfano: está permitido matar, pero no extorsionar. El asunto del empresario surcoreano era, desde esa perspectiva, indefendible.  Jee Ick Joo fue extraído de su casa por una patrulla de la policía antidroga con una orden de arresto falsificada, llevado a la sede central  y acusado de narcotraficante. La finalidad era pedir un rescate. Los secuestradores lograron de su familia cinco millones de pesos (casi 100.000 euros) y pidieron otro pago semanas después a pesar de que le habían matado el primer día. Quemaron su cadáver y tiraron las cenizas por el retrete.

La muerte del empresario enturbió las relaciones diplomáticas con Corea del Sur, de la que Filipinas recibe millones de turistas e inversiones claves. Duterte alternó las sentidas disculpas a Seúl por la muerte con las habituales invectivas hacia los culpables. “Hijos de puta, no dejaré que os salgáis con la vuestra. Sufriréis. Quizá mande vuestras cabezas a Corea del Sur”, bramó. El supuesto cabecilla ya está encarcelado y Duterte ha dado al resto 48 horas para que se entreguen antes de ofrecer una recompensa para el que los traiga vivos o muertos.

Duterte, como Trump, sí cumple sus promesas electorales. El presidente mantiene unos niveles de aceptación del 81 % en un país que acostumbra a despreciar a sus líderes.