¿Dónde los tendrán?

«¿Estarán vivos o muertos? ¿Los van a entregar o no? ¿Hasta cuándo?» En medio de la angustia creciente de las familias de los 43 estudiantes de Magisterio, la Fiscalía mexicana presume, un mes y un día después, de haber detenido a los cuatro primeros participantes directos en su «desaparición y destino».  Más restos humanos aparecen esparcidos cerca de un vertedero de basura, mientras el jefe del grupo criminal Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias, confirma ante el juez que fue María de los Ángeles Pineda, la mujer del alcalde de Iguala, la que ordenó «dar un escarmiento» a los jóvenes.

«Dos de los detenidos han dicho que ellos recibieron a un amplio grupo de personas y ahora declaran sobre su destino», dice el fiscal, Jesús Murillo, al comunicar la detención de más sicarios de Guerreros Unidos. Añade que peritos de la Fiscalía y «toda la fuerza del Estado mexicano», así como forenses argentinos -los únicos en quienes confían los familiares—, «buscan pruebas para corroborarlo». La policía de mala manera y después el Ejército cortan el camino de carro que va al vertedero de Cocula, pueblo vecino a Iguala. Dicen que «los restos están esparcidos a lo largo de 50 metros», no como en la docena de fosas halladas días antes con 38 cuerpos calcinados.

«Voy a invitar a un grupo de ustedes para que puedan acceder al paraje», dice el fiscal  Murillo a los periodistas, como anunciando que esta vez sí. Y termina:  «No tengo duda de que detendremos a los autores materiales, casi tenemos a todos, pero también a los intelectuales; hoy tenemos ya 56 detenidos y les aseguro una cosa: habrá muchos más». Sus palabras contrastan con la desconfianza y la incredulidad de los familiares: «Si tuvieran voluntad, ya los habrían encontrado. Ellos ya saben mejor que nadie dónde están. El Gobierno se está haciendo el tonto».

La zozobra se ha transformado en ira. Los normalistas, aspirantes a maestros rurales en la Escuela Normal de Ayotzinapa, señalan que «tras un mes hay que radicalizar la demanda». Además de cortar carreteras y autopista, han asaltado dos supermercados para repartir unos productos que hasta las familias rechazan con reprimendas. En un intento de calmar las protestas, el Congreso del estado de Guerrero designa nuevo gobernador al secretario de la universidad, Rogelio Ortega, quien enseguida se gira hacia el presidente, Enrique Peña: «Necesitamos de todo su apoyo».

También quieren ver al presidente esas familias acongojadas. La esperanza aún flota entre las velas y las imágenes de la virgen de Guadalupe, en medio de una agonía de un mes y un día: «¿Dónde lo tendrán? ¿Quién lo tiene, dónde? ¿Le darán de comer? ¿Lo hacen sufrir?».