Diez cambios para México

Se cumplen dos meses de la matanza de Iguala y la desaparición de 43 alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. «Dos meses de larga agonía y angustia» para unos padres que los siguen reclamando «vivos». Dos meses de un «trabajo a conciencia del Gobierno», dice un ministro. Dos meses con 75 detenidos, tres versiones dispares, una treintena de fosas clandestinas, montones de restos humanos y apenas unas cenizas que podrían ser de los estudiantes. O las de un México quemado.

«México está a prueba. México no puede seguir así. Después de Iguala, México debe cambiar». El presidente, Enrique Peña Nieto, anunció ayer una decena de medidas para «fortalecer el Estado de Derecho» y evitar «actos de barbarie como el de Iguala». Desde reformas en la justicia, la policía, el combate a la corrupción y la impunidad, hasta la creación de corredores industriales en las zonas más pobres. Se suma al «clamor ciudadano que exige justicia» y termina: «El grito de Todos somos Ayotzinapa es un llamado para seguir transformando México».

Pero la «crisis de credibilidad que enfrentan las instituciones», como dice un diario local, sigue pareja al «despliegue de irritación y movilización social». Sin prestar atención al anuncio presidencial y recordando más bien los «visos represivos» de sus anteriores discursos, los manifestantes salen de nuevo a la calle, con las caras de los 43 desaparecidos, las velas, las pancartas, los gritos de «Vivos se los llevaron, vivos los queremos». Cercan las sedes de la Fiscalía al grito de «¡Justicia!». Multiplican el de «Fuera Peña».

La Asamblea Nacional Popular convoca una «movilización nacional» para el lunes, 1 de diciembre, cuando Enrique Peña cumple dos años en el poder y debe presentar su informe de gobierno. «La marcha saldrá del Zócalo para llegar a Los Pinos», la residencia presidencial. Y para el sábado 6 convoca la «toma de la ciudad de México».

Los padres cancelan la reunión con autoridades en el helipuerto de Chilpancingo. No llegan los funcionarios acordados, y se topan con más de 2.000 policías federales pertrechados con equipo antimotines. «No tiene caso reunirnos. Si esa es la respuesta para nosotros, están equivocados».

«Hasta el momento el Gobierno no nos ha dado ni una respuesta favorable; siempre nos traen con puras mentiras», dice una madre. Y uno de los normalistas que encabezan la lucha amenaza: «Si Peña no les cumple a los padres, van a conocer a los padres de familia, van a conocer quién es el pueblo».