Todo volvió a un punto cero en el estado brasileño de Bahía. El Gobierno regional y los policías en huelga desde hace ocho días no llegaron a un acuerdo. Discutieron 17 horas sobre las reivindicaciones salariales y laborales, así como la situación judicial de los líderes de la protesta. Por el momento, el acuerdo no aparece en el horizonte y los militares enviados a Salvador, la capital, por la presidenta Dilma Rousseff, seguirán a cargo de la seguridad de sus puntos estratégicos.

Por la mañana, el gobernador Jaques Wagner había anunciado que el final del conflicto estaba cerca y que se habían realizado grandes esfuerzos para que Salvador volviera a ser el de siempre. Las gestiones realizadas por el propio Wagner y el arzobispo capitalino Murilo Krieger, no llegaron todavía a buen puerto. Se esperaba una reunión en horas de la noche.

La huelga de un tercio de los 30.000 uniformados se inició la semana pasada. La capital y sus alrededores quedaron librados a su suerte: murieron más de 100 personas y se registraron pérdidas económicas del orden de los 100 millones de dólares. Los desacuerdos, según informó la prensa brasileña, siguen siendo del orden salarial y referidos a las acciones judiciales iniciadas contra los líderes de la medida de fuerza. Wagner lamentó la intransigencia de los policías. En este contexto fue arrestado el presidente de la Associción de los Policiais Militares da Bahia (Aspol), el sargento Elias Alves de Santana, uno de los "doce" cabecillas del movimiento.

"Estado de sitio. Ciudad sitiada", tituló el diario Correo de Bahía sobre la situación de una ciudad que, en vísperas del carnaval, su principal fiesta y actividad social, se encuentra bajo control de los 3600 militares enviados por la presidenta Dilma Rousseff para sofocar la violencia. Parte de esos efectivos son los que rodean la Asamblea Legislativa regional, donde se han acuartelado parte de los huelguistas con sus familiares. El Ejército permitió que los amotinados recibieran agua y alimentos. Los hechos atroces acontecidos en Salvador, una de las ciudades más violentas de Brasil, tuvieron el efecto de una amenaza en otros siete estados. Rousseff sigue los acontecimientos con especial preocupación.