ALEMANIA
El desafío de Pegida abre el debate sobre la ilegalización de los ultras
Un escritor afirma en su discurso en el mitin de Dresde que "por desgracia, los campos de concentración están fuera de servicio"
La creciente popularidad del mensaje xenófobo de Pegida ha reabierto el debate en Alemania sobre si se deben prohibir los movimientos de ultraderecha. «Se sirven de un discurso plagado de odio y de creciente violencia», criticó el ministro federal de Justicia, Heiko Maas. Y no hay para menos. La semana pasada los servicios de inteligencia germánicas aseguraron estar estudiando de cerca al grupo de Patriotas Europeos en contra de la Islamización de Europa (Pegida) después de que en una manifestación apareciese una horca con el nombre de la cancilera Angela Merkel.
La exhibición de fuerza del lunes, en que 20.000 personas se reunieron en Dresde para celebrar el primer aniversario de la formación, también se les fue de las manos. El populista autor germano-turco Akif Pirinçci desató la polémica. «Hay otras vías alternativas pero por desgracia los campos de concentración están fuera de servicio», pronunció ante una masa. Esas palabras serán investigadas bajo acusación de sedición. El vicecanciller y líder de los socialdemócratas, Sigmar Gabriel, denunció que Pegida «pone en cuestión el sistema democrático de la misma manera que lo hizo el Partido Nazi».
LA CONSTITUCIÓN / El escándalo ha tenido tal repercusión que, ayer, el líder de Pegida, Lutz Bachmann, salió incluso a pedir disculpas. El presidente del SPD en el estado de Schleswig-Holstein, Ralf Stegner, fue aún más allá que sus compañeros y pidió «que los servicios de inteligencia estudien si pueden estar infringiendo la Constitución».
Pero, ¿se puede prohibir a un movimiento así? Para el doctor en Historia Contemporánea y experto en la ultraderecha Xavier Casals es mucho más complicado de lo que parece. «La ilegalización puede servir para ocultar el problema pero no para erradicarlo», asegura. Aunque en el 2003 se intentó prohibir a los neonazis del NPD, una investigación determinó que parte de la cúpula estaba bajo el control de agentes de la inteligencia infiltrados y no prosperó. «Siendo legales se puede efectuar un seguimiento que sería más difícil con un grupo clandestino», añade Casals.
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