El coste económico de la aplicación del acuerdo de paz preocupa en Colombia

El proceso de aplicación del acuerdo de La Habana entre el Gobierno colombiano y las FARC durará una década y para el presidente Juan Manuel Santos y sus posibles sucesores  ese plazo empieza a provocar escalofríos derivados de un interrogante económico: ¿cómo se financiará el posconflicto?  El pacto reconoce la necesidad de fuertes inversiones de infraestructura y desarrollo en las zonas más golpeadas por el enfrentamiento armado, y mucho presupuesto para el área social.

El FMI estimó que Colombia crecerá este año 2,3%. Una tasa insuficiente para garantizar los recursos que demanda el acuerdo a medio plazo, que incluyen además dinero para los programas de sustitución de cultivos, la reincorporación de los exguerrilleros a la vida civil y las reparaciones. En las previsiones fiscales de 2018, la inversión del Estado en el posconflicto llegaría al 0,2% del PIB. El resto de los fondos hasta completar el 0,8% del PIB que se considera como una cifra razonable y posible, deberían llegar desde fuentes privadas y el exterior. Pero eso no alcanzaría. En los primeros cinco años, señaló la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasescolda), se requeriría en rigor un equivalente a los 2,3 puntos del PIB.

El patrimonio de las ex-FARC

Las ex-FARC también tienen un papel en este largo proceso. La exguerrilla hizo un inventario de su patrimonio a la ONU y surgió la cifra de 276 millones de euros. El fiscal Néstor Humberto Martínez sacó su calculadora y concluyó que es una cantidad que no se corresponde con medio siglo de existencia del grupo armado. Se trata, a su criterio, poco dinero para entregar a las víctimas de la insurgencia.

Sus dirigentes rechazaron la sospecha de ocultamiento de información y detallaron todos los bienes en su poder: hay muchas casas, 240.000 hectáreas, cabezas de ganado, caballos, carros, cuentas bancarias y otras posesiones. Félix Antonio Muñoz Lascarro, conocido como 'Pastor Alape', uno de los negociadores del acuerdo de La Habana, aseguró que la exinsurgencia no tiene a estas alturas nada que ocultar y están dispuestos a demostrarlo. Alape se quejó de la decisión del Gobierno de haber filtrado la información sobre el capital acumulado.  Esos datos contables debían haberse mantenido en secreto y bajo vigilancia estatal hasta que se convirtieran en "patrimonio autónomo". En ese sentido, Alape recordó que las FARC no han sido "una persona jurídica, sino una organización fuera de la ley".