El Constitucional francés tumba la ley sobre el genocidio armenio

Los miembros del Consejo Constitucional han sido categóricos. Según el dictamen que emitieron ayer, la ley que prohíbe la negación del genocidio armenio, aprobada por el Parlamento francés el pasado 23 de enero, «atenta contra el ejercicio de la libertad de comunicación y de expresión». La decisión del máximo tribunal fue recibida con regocijo por el Gobierno de Turquía, cuyas relaciones con París se han degradado considerablemente hasta el punto de amenazar con una crisis diplomática.

«Esto aporta esperanza en lo que concierne al futuro de las relaciones», declaró un portavoz diplomático del Ejecutivo de Ankara, que admite la existencia de una masacre de armenios en 1915 pero no considera que se trate de un genocidio. Optimista, el viceprimer ministro turco Bülent Arinç consideró que la decisión del tribunal permitirá evitar una «grave crisis entre Francia y Turquía». Sin embargo, el presidente, Nicolas Sarkoy, no se dio por vencido. Encargó la elaboración de un nuevo texto que respete la opinión del Constitucional.

En un comunicado, el jefe del Estado se muestra comprensivo con la «inmensa decepción y profunda tristeza de todos aquellos que habían acogido con reconocimiento y esperanza la adopción de esta ley destinada a protegerlos contra el negacionismo». En plena precampaña presidencial, Sarkozy no desea contrariar a una influyente comunidad, que cuenta con unos 600.000 miembros en Francia.

Sin embargo, la legislación que prohíbe la negación del genocidio del pueblo armenio con una sanción de un año de prisión y una multa de 45.000 euros está lejos de concitar la unanimidad, tanto en las filas conservadoras como en la izquierda. De hecho, el recurso ante el Constitucional ha sido suscrito por 140 parlamentarios de todos los bandos, incluidos algunos diputados de la mayoría gubernamental.

EL HOLOCAUSTO, APARTE // El Consejo les ha dado la razón bajo el argumento de que «con la represión del rechazo a la existencia y la calificación jurídica de crímenes que él mismo habría reconocido y calificado como tales, el legislador atenta contra el ejercicio de la libertad de expresión y comunicación».

El dictamen no afecta, en principio, al otro caso en el que la ley francesa persigue el negacionismo: el Holocausto. A diferencia de la legislación referida al genocidio armenio, el texto aprobado en el año 1990 incluye entre los motivos de delito las «declaraciones xenófobas y antisemitas».