La conexión saudí

No son más que 28 páginas, pero no han dejado de alimentar las especulaciones desde que la Administración Bush optó por clasificarlas y excluirlas del informe final de la comisión que investigó los atentados terroristas del 11-S.

Esas 28 páginas abordan la posible implicación de Arabia Saudí o alguno de los miembros de su monarquía en la financiación de los ataques. Varias agencias de seguridad estadounidenses han determinado que las pruebas no son concluyentes, pero no todo el mundo está convencido.

“Las 28 páginas se centran fundamentalmente en quién financió el 11-S y el dedo apunta muy fuerte a Arabia Saudí como principal financiador”, dijo en febrero el exsenador Bob Graham, uno de los legisladores que ha podido leer el documento.

CONSECUENCIA EXPLOSIVAS

El asunto podría tener consecuencias explosivas. Las relaciones entre Washington y Riad atraviesan por uno de sus peores momentos, y la Administración Obama se opone a las renovadas demandas de las familias de las víctimas del 11-S y algunos miembros del Congreso para que se  desclasifiquen los documentos.

El director de la CIA ha sido el último en pronunciarse este mismo domingo. John Brennan aseguró “sería un gran error” apuntar a Arabia Saudí porque las 28 páginas contienen “información no corroborada”. Brennan subrayó lo importante que es la relación del país árabe y añadió que si no se desclasificaron en su día los documentos fue por el temor a revelar “métodos sensibles y acciones no investigativas”.

No es ningún secreto a estas alturas que EEUU torturó hasta la extenuación a los presuntos responsables de los atentados que no se inmolaron en el ataque. Catorce de los 19 integrantes del compló eran saudís.

La revelación de las famosas 28 páginas no es el único tema que ha puesto a prueba a la Administración. Las victimas del 11-S han conseguido impulsar un proyecto de ley en el Congreso que les permitiría demandar en los tribunales estadounidenses al Gobierno saudí por su presunta financiación de Al Qaeda.

VOLVERSE EN CONTRA

La Casa Blanca también se opone. Y no lo hace únicamente por temor a que se rompan los lazos históricos que mantiene con el mayor productor de petróleo del mundo, al que considera un aliado esencial en la lucha contra el terrorismo, sino porque considera que, de llegar a aprobarse, la ley podría volverse en su contra.

EE UU teme que si acaba con el principio de inmunidad soberana, que impide perseguir judicialmente a Gobiernos extranjeros en sus tribunales, otros países podrían hacer lo propio de forma recíproca, abriendo la puerta a una cascada de demandas.

Los saudís ya han avisado además de que habría consecuencias. Riad ha amenazado con vender activos estadounidenses si la ley acaba aprobándose.