EL EQUIPO ARGENTINO DE ANTROPOLOGÍA FORENSE CUMPLE 30 AÑOS
Campeones para olvidar
España es el país con menos voluntad política para abrir fosas comunes. Lo dice el forense argentino Luis Fondebrider, que lleva 30 años en el oficio. El experto comenzó recuperando los cuerpos de las víctimas de la dictadura de su país, halló los restos del Che, realizó la exhumación de Allende y asesora a medio mundo en la materia.
Cuando se le pregunta por el Estado con menos apoyo institucional para exhumar fosas comunes, lo tiene claro: España. «Hay países mucho más pobres, como Timor Oriental o Etiopía, con más apoyo político», lamenta contrariado Luis Fondebrider, jefe del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y todo un referente en el mundo de la investigación forense. España es el segundo país con más fosas cerradas, tras Camboya. En Catalunya se abrieron las de Gurb y Prats de Lluçanès (Osona), pero en el 2009 se dejaron de abrir. La ONU ha instado al Gobierno a que presente, antes de noviembre, un plan nacional de búsqueda de los desaparecidos durante la guerra civil. El tiempo juega en contra de las víctimas del franquismo. El ADN de los abuelos -niños durante la guerra y huérfanos durante la dictadura- es fundamental, ya que la muestra genética directa (la paternofilial) es la más útil para identificar los restos. «Analizar el ADN de un hueso cuesta entre 400 y 800 euros. La gente piensa que es muchísimo más caro, pero en términos de presupuesto de Estado es una minucia», aclara Fondebrider.
Responsabilidad social
Argentina es uno de los países que más ha avanzado en términos de justicia, reparación y memoria. En 1985, dos años después de la dictadura, ya se creó la comisión de la verdad para saber dónde estaban y cómo murieron las 30.000 personas que desaparecieron. Con la subida de Néstor Kirchner al poder en el 2003, las ayudas económicas públicas se mutiplicaron. Fondebrider considera una atrocidad que en España las familias de las víctimas deban pagar la exhumación y la identificación de sus seres queridos o que abrir una fosa haya dependido en muchas ocasiones de la buena voluntad de un alcalde y no de una orden judicial.
Los miembros de la EAAF empezaron muy jóvenes, de la mano de las Abuelas de Plaza de Mayo. Eran estudiantes universitarios, no cobraban y algunos tenían algo de miedo en una democracia muy incipiente. «Como científicos teníamos la responsabilidad social de ayudar a las familias de los desaparecidos», recuerda con firmeza el forense. Treinta años después, han identificado a 620 víctimas de Videla.
De Ciudad Juárez a Irak
Su trabajo, discreto y meticuloso, salta de vez en cuando a las portadas de los periódicos con hallazgos célebres como los restos de Ernesto Che Guevara en Bolivia o la exhumación de Salvador Allende, que ratificó que el presidente chileno se quitó la vida en el asalto al palacio de la Moneda. Pero para Fonderbrider no hay desaparecidos de primera o de segunda clase. De hecho, prefiere trabajar con las víctimas anónimas, que «normalmente son para las que no hay plata para investigar con ellas». Como en Ciudad Juárez, donde identificaron a 33 mujeres que habían sido violadas y asesinadas, y cuyas familias no confiaban en la labor del Estado de México. O en Suráfrica, con víctimas del apartheid. O en la frontera con EEUU, donde muchos de los inmigrantes suramericanos que buscan un futuro mejor acaban en las morgues de Arizona y Tejas. «Por desgracia, trabajamos en todo el mundo», apunta el antropólogo, que también ha instruido a forenses de Irak e Irán.
«Investigamos en más de 50 países y siempre nos dicen lo mismo: es terrible tener a un familiar en una fosa, sin ningún reconocimiento, sin poder enterrarlo donde se quiera, ponerle una placa y llevarle flores», explica Fondebrider. Esto es lo que desea Roger Heredia, honrar a su bisabuelo, que desapareció en la batalla del Ebro y del que no se conoce el lugar exacto donde descansan sus restos. Heredia es uno de los impulsores del banco genético de víctimas de la guerra civil y denuncia la falta de difusión del proyecto por parte de la Generalitat.
En Catalunya 15.000 personas murieron en la guerra sin tener un entierro digno y, por el momento, el banco de ADN solo tiene muestras de 30 familias. Y falta el paso más complejo: para solicitar legalmente la apertura de una fosa, el Govern exige documentación del lugar donde yace sepultada la persona a la que se busca. «Lo que es prácticamente un veto para las exhumaciones», dice Heredia. A su bisabuelo, se le perdió la pista en un trinchera.
«Recuperar un cuerpo es cerrar un círculo de años de incertidumbre, de dudas y de dolor -añade Fondebrider-; y esto va más allá de cualquier cultura o religión».
- Muere Itxaso Mardones, reportera de Gloria Serra en 'Equipo de investigación', a los 45 años
- Hacienda te devuelve 300 euros si tienes un hijo menor de 25 años y 900 si tienes dos: así tienes que ponerlo en la declaración de la renta
- ¿Llamadas que cuelgan? Así son las robollamadas, la nueva táctica de spam telefónico
- La querella del novio de Ayuso se admitirá a trámite pese a la campaña del fiscal para que sea rechazada
- El cabecero de madera de Ikea que se ha convertido número uno en ventas por su precio y facilidad de montaje
- La mitad de los nuevos trabajadores indefinidos o son despedidos o renuncian al cabo de un año pese a la reforma laboral
- Sondeo elecciones Catalunya: Los catalanes prefieren a Illa como president y puntúan mejor a Aragonès que a Puigdemont
- El turista vizcaíno Álex García repatriado de Tailandia se encuentra ingresado en la UCI "estable y animado