La situación es tan tensa que una ráfaga de viento la hace estallar. Un pequeño tornado se forma en medio del descampado que separa a un grupo de mujeres de varios coches policiales y lanza un montón de basura por los aires hacia los agentes. La mayoría son esposas de los mineros que esta semana se manifestaban para pedir un aumento salarial y que anteayer fueron acribillados por las fuerzas de seguridad. Por eso vitorean con rabia a ese viento cómplice. «¡Iros al infierno!», grita una. Las demás aplauden. A sus espaldas, los hombres, callados, observan el lugar exacto donde el jueves la policía, al intentar dispersar la protesta, mató a 34 mineros e hirió a 78. «La policía no tiene que venir aquí a dispararnos, la policía está para poner paz», se indigna Nolufdefe, que lleva escrito en una pancarta «Basta ya».

Indignadas 8 Dos policías observan a un grupo de mujeres que protestan contra la matanza, ayer. REUTERS / SIPHIWE SIBEKO

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Información publicada en la página 12 de la sección de Mundo de la edición impresa del día 18 de agosto de 2012 VER ARCHIVO (.PDF)

Sudáfrica está conmocionada por la operación más sangrienta protagonizada por su policía desde el fin del régimen racista del apartheid y que ha devuelto a la memoria las peores matanzas de aquella época. Los editoriales de la prensa sudafricana coinciden en condenar lo ocurrido, y hablan de «baño de sangre», «matanza de mineros» o «campo de muerte».

El presidente Jacob Zuma -que interrumpió un viaje oficial para visitar la zona- anunció ayer la apertura de una comisión de investigación. «Tenemos que descubrir la verdad sobre lo que pasó aquí. Hoy no es día para culpar o señalar con el dedo. Tenemos que restablecer la calma y compartir el dolor de las familias».

A pesar de la equidistancia del presidente, los responsables policiales defendieron sin matices su actuación. «El grupo de mineros cargó contra los agentes, disparando y blandiendo armas peligrosas», aseguró la jefa de la policía local, Riah Phiyega. «La policía se replegó y se vio forzada a recurrir a la fuerza máxima para defenderse». Según la comisaria, en el lugar de los hechos se recuperaron seis pistolas y casi 260 mineros fueron detenidos.

En Marikana, a 100 kilómetros de Johannesburgo, al oír hablar de «legítima defensa policial» se caldea aún más el ambiente. En este pueblo de chabolas crecido alrededor de la mina, o se es familiar de minero o buen amigo. «Matar así a la gente, sin ninguna razón... es muy doloroso. Las imágenes son claras», dice Nkuma. Sabe que los vídeos de los policías abriendo fuego han dado la vuelta al mundo y duda de que alguien crea la versión policial.

La tensión no se ha apagado. El campo de fútbol de Marikana está a rebosar de coches policiales que han venido a reforzar la seguridad. La situación en los alrededores de la mina es delicada y varios helicópteros sobrevuelan la zona todo el día. Uno de los aparatos pasa varias veces por encima de la clínica Andrew Soffy, donde Monika aún no sabe si llorar. Desde que sucedió el tiroteo ha intentado localizar a su padre, un minero con 32 años de experiencia. «Le llamo desde ayer y no contesta. He intentado entrar en el hospital a ver si lo encuentro, pero no nos dejan», dice. A su lado, una docena de mujeres y niñas también esperan noticias.

Esta masacre es el capítulo más trágico de una larga lucha sindical que hasta el jueves se había saldado con otras 10 personas muertas, entre ellas dos policías. La mina Lonmin es la tercera productora de platino del mundo, pero sus trabajadores apenas cobran 400 euros al mes y viven en condiciones precarias, en muchos casos sin agua ni luz. Desde su sede en Londres, la compañía ha definido los hechos como «una cuestión de orden público y no un conflicto laboral».