Han pasado ya 12 meses del asesinato en Sirte de Muamar Gadafi, el dictador que gobernó Libia durante más de 40 años, a manos de la misma milicia de combatientes que lo capturó. Su muerte, precedida de angustiosos abusos y humillaciones verbales filmados por sus captores, puso oficialmente punto final a la guerra civil de ocho meses en la que el país se partió en dos mitades.

Milicianos se hacen fotos con el cadáver de Gadafi, hace un año. AFP / MAHMUD TURKIA

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Información publicada en la página 12 de la sección de Mundo de la edición impresa del día 20 de octubre de 2012 VER ARCHIVO (.PDF)

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Y pese a que en este periodo transcurrido se han registrado acontecimientos merecedores de ser incluidos en el haber del autoproclamado bando revolucionario, incluyendo la celebración pacífica de unas elecciones, una negra sombra amenaza con hacer descarrilar el proceso político en el país norteafricano: la proliferación de armas y milicias irregulares, un fenómeno que, combinado con la falta de voluntad (y la incapacidad) del Estado de hacer respetar las leyes, hacen que la Libia post-Gadafi, en lugar de ser un país inmerso en un proceso de transición democrática, se haya convertido en «estado de no derecho», en el que infinidad de ciudadanos «se sienten amenazados», según Donatella Rovera, investigadora de Amnistía Internacional.

Mohamed Al Hadi Rajab Saluqa tiene 54 años y hasta el invierno pasado era propietario de un pequeño chiringuito playero en Trípoli. El 24 de febrero, milicianos originarios de Misrata entraron en su café pidiendo algo de beber. Y mientras les servía agua, los combatientes le empujaron al suelo y comenzaron a golpearle con la culata de sus rifles. Tras maniatarle, amenazaron con matarle, mientras su cabeza permanecía enterrada en la arena. Finalmente, los miembros de una brigada local lograron rescatarlo, aunque ello no impidió que sus atacantes acabaran destruyendo su comercio con un certero disparo de lanzagranadas. Sus intentos de ver sus pérdidas resarcidas por la vía judicial, tanto en Trípoli como en Misrata, se han topado con un muro. «(El Gobierno) en Trípoli no tiene la fuerza para arrestar a nadie de Misrata. Misrata y Zintan (dos ciudades cuya contribución fue decisiva en el triunfo sobre Gadafi) son más fuertes que el Gobierno y los comités de seguridad. Hacen lo que quieren», lamentó.

CASOS DE ABUSOS / Este es solo uno de la infinidad de casos de abusos cometidos por las milicias libias documentados por AI en un informe difundido el pasado julio bajo el título Libia: ¿el Gobierno de la ley o el Goberno de las milicias? Según datos de la Misión de la ONU de Apoyo en Libia (UNSMIL), entre 4.000 y 7.000 personas permanecen presas en centros que no están sometidos al control gubernamental.

Quien detenta un arma no solo comete actos de venganza contra gentes que pudieran estar vinculados con la represión gadafista o que simpatizaran con el fallecido dictador. «Hay mucha gente que aprovecha las armas y el poder que ha adquirido por razones económicas o para establecer y fortalecer su base política», destaca Rovera.

Los inmigrantes ilegales de África Negra, acusados al inicio del conflicto de engrosar las filas de mercenarios, siguen expuestos a los arrestos arbitrarios e indefinidos.