Bachelet anula la amnistía

El dictador Augusto Pinochet había decidido en 1974 no dejar que ni una hoja se moviera en Chile sin su consentimiento. Tampoco en el inhóspito altiplano, que no hay árboles. Y, para que eso se cumpliera, trasladó a los gendarmes hasta zonas recónditas de la cordillera. Tres mujeres que solo pastoreaban decidieron entonces ahorcarse.

'Las hermanas Quispe', la película de Andrés Sepúlveda que cuenta de manera descarnada aquella historia, se estrenó el pasado miércoles, un 11-S. No cabía un alma en el cine Arte Normandie. Afuera de la sala, el recuerdo del 41º aniversario del golpe de Estado mostraba hasta que punto el pasado sigue influyendo en el presente.

El Gobierno de Michelle Bachelet eligió ese día para anunciar su decisión de enviar al Congreso un proyecto para anular la ley de amnistía que blindó durante años a los represores de la dictadura. Como era de esperar, la iniciativa provocó reacciones encontradas.

800 represores juzgados

La polémica es más del orden simbólico porque, en los hechos, la norma no está siendo aplicada en los tribunales desde el año 2000. En los últimos 14 años han sido condenados o procesados 800 uniformados y civiles y un tercio de ellos cumple al menos una condena. Ninguno pudo ampararse en su momento en los beneficios de la ley sancionada en 1980. En la actualidad, 70 represores están en la cárcel y 13 fueron liberados por haber cumplido la sanción penal.

El diputado de Unión Democrática Independiente (UDI, derecha), José Antonio Kast, dijo que con su anuncio el Gobierno de Bachelet quiere «claramente tapar cosas que hoy son importantes para los chilenos». Kast aludió a los problemas de seguridad derivados del reciente estallido de bombas así como la contracción económica. «Esta maniobra es antojadiza», añadió.

'Prisiones-hotel'

La Agrupación de Familiares de Detenidos apoyó la propuesta del Ejecutivo y, a la vez, pidió a Bachelet que cierre el penal de Punta Peuco, donde los militares condenados por delitos aberrantes cumplen sus sanciones en condiciones de llamativa comodidad. La presidenta de la entidad, Lorena Pizarro, reclamó al Gobierno que imite al anterior presidente, Sebastián Piñera, que cerró Cordillera, la otra prisión-hotel.

Cuando el Gobierno daba a conocer la intención de llevar la ley al Congreso, la juez Emma Díaz procesaba y enviaba a prisión al diputado de Renovación Nacional (RN, derechas) Rosauro Martínez, quien había perdido sus fueros meses atrás en el marco de una causa en la que se investiga el asesinato de tres opositores a la dictadura. Martínez, quien era oficial del Ejército, pagó ayer una fianza y ya está en libertad condicional. El mundo conservador salió a arroparlo.

Entre el día 11 y la madrugada de ayer se registraron varios incidentes que terminaron con 30 detenidos y 10 policías heridos. En varias zonas se repitió la escena de barricadas y automóviles quemados. En Chile, el pasado es todavía un fantasma que no descansa.