Bachelet hace una encendida defensa de su ley del aborto terapéutico

Febrero es el mes en el que Chile se detiene: es la hora de las vacaciones y el sosiego. Pero antes de que llegue esa hora, la presidenta Michelle Bachelet firmó el proyecto de ley sobre despenalización del aborto. La derecha, que está en minoría en el Congreso, promete dar batalla con una ayuda de la Iglesia y un sector de la Democracia Cristiana, que es parte del oficialismo. Bachelet y su coalición de centro izquierdas, Nueva Mayoría, están no obstante convencidos de que la iniciativa, que permite la interrupción del embarazo en caso de violación, Inviabilidad fetal y riesgo de la madre, llegará a buen puerto cuando en marzo se reanuden las labores legislativas.

Como era de suponer, un proyecto como el que Bachelet considera simbólicamente esencial, y que incorpora la objeción de conciencia de parte de los médicos que no quieran ejercer la práctica del aborto, provocó chispas entre los partidos que la respaldan. Los demócrata cristianos no están convencidos de sus bondades y los socialistas no se demoraron en salir a criticarlos, exigiéndoles cumplir con el compromiso programático asumido en 2013. Hasta 1989 y por más de 50 años, el aborto terapéutico estuvo permitido, pero antes de dejar el poder el dictador Augusto Pinochet lo prohibió.

“Se trata de una situación difícil que debemos enfrentar como país maduro. Amamos la vida y nadie quisiera interrumpirla y menos que nadie una madre. Pero cuando está en riesgo en su vida, o la vida que se gesta es inviable o fruto de la violencia sexual se ponen en tensión los principios éticos, derechos y criterios de humanidad que están en juego”, dijo la presidenta al presentar su iniciativa. En caso de que prospere, beneficiara a las mayores de 18 años, las jóvenes entre 14 y 18, siempre y cuando informen a sus padres, y las menores de 14, con la autorización de su representante legal.

Bachelet reconoció que hay voces en Chile que no aceptan estos cambios pero, señaló, “no podemos evitarlo obligando a las mujeres a que carguen solas con las pesas consecuencias de no poder decidir por causa de una ley, porque atropellamos su dignidad, prolongamos sus sufrimientos, arriesgamos su vida”. Según la mandataria, el Estado es garante de los derechos de las personas y del bien común, y está obligado a velar por ellas.

Para la presidenta, los cambios propuestos, además de consagrar un derecho, buscan terminar con un circuito del privilegio: los abortos ilegales que realizan los sectores más acomodados.

EL PROBLEMA SOCIAL DEL ABORTO

Semanas atrás, Bachelet se vio obligada a aceptar la dimisión de su ministra de Salud, Helia Molina, tras manifestar que en las “clínicas cuicas” (ricas) se practicaban abortos a las hijas de familias pudientes: son esos sectores, añadió, los que, al contar con recursos económicos, no necesitan de una ley para regular la interrupción del embarazo. Esa es una medida que reclaman los menos favorecidos.

Bachelet pareció recordar a su ex ministra en su alegato del sábado: “los hechos han demostrado que la prohibición absoluta y la criminalización de todas forma de interrupción del embarazo no han impedido ni impiden su práctica en condiciones de gran riesgo para la vida y salud de las mujeres. No es tolerable que se castigue con pena privativa de libertad a aquellas mujeres que se encuentran en esta difícil disyuntiva”.

Cada año, reveló la presidenta, 16.510 mujeres son hospitalizadas con embarazos de menos de 22 semanas relacionados con el peligro de vida. El número de muerte en nuestro país por malformaciones incompatibles con la vida sería alrededor de 500 casos al año. Respecto a los embarazos resultantes de una violación sexual, consignó: “sabemos que existen niñas que producto de este vejamen han quedado embarazadas y sabemos que algunas de ellas son incluso menores de 12 años”.

PROMESAS CUMPLIDAS

Bachelet espera llegar a su primer año del segundo Gobierno con varios puntos de su programa electoral realizados: la reforma educativa –que los estudiantes consideraron incompleta-, el fin de la legislación electoral heredada de la dictadura, que impedía el acceso al parlamento de las minorías políticas, el Acuerdo de Unión Civil, que permite el casamiento entre personas de un mismo sexo, son algunas de las promesas que Nueva Mayoría considera cumplidas.

A su vez, Bachelet promulgó la modificación de la Ley de Control de Armas que sancionará con penas de diez a quince años de cárcel la colocación de artefactos explosivos. La ley ha sido resultado de los bombazos que remecieron a la sociedad y cuya autoría y motivaciones todavía tiene aristas misteriosas.