El caso de Julian Assange se ha colado este miércoles en la ONU durante un acto organizado por Ecuador en el que el fundador de Wikileaks pidió que se ponga fin a su persecución, mientras que el Gobierno de Quito abrió por primera vez la puerta a acudir a la justicia internacional. "El tiempo de las palabras se ha terminado. Ha llegado la hora de que EEUU cese la persecución a Wikileaks, a nuestra gente y a nuestras fuentes", ha dicho Assange a través de videoconferencia desde la Embajada ecuatoriana en Londres donde lleva refugiado tres meses a la espera de un salvoconducto para poder abandonar el Reino Unido.

El australiano ha vuelto a reclamar garantías tanto a Londres como a Estocolmo de que no será extraditado a Estados Unidos, país donde ha sido declarado "enemigo de Estado", algo que para el fundador de Wikileaks es "absolutamente absurdo" pero que demuestra que su vida podría correr peligro si es entregado a Washington. Assange ha aprovechado el altavoz que supone hablar en Naciones Unidas para denunciar, por una parte, la persecución política que asegura estar sufriendo, y por otra las torturas y vejaciones a Bradley Manning, el soldado estadounidense acusado por Washington de haber filtrado miles de documentos secretos a Wikileaks.

Nueva York será precisamente este jueves el escenario de un nuevo acercamiento entre las autoridades ecuatorianas y británicas para tratar de encontrar solución "a través del diálogo" a un conflicto diplomático que sigue sin resolverse después de tres meses y que amenaza con enquistarse en el tiempo.
Los ministros de Exteriores de Ecuador y Reino Unido, Ricardo Patiño y William Hague respectivamente, se entrevistarán por la mañana (mediodía en España) en un hotel de la Gran Manzana, donde volverá a estar encima de la mesa el salvoconducto que pide Quito para que Assange pueda abandonar Londres.

En declaraciones a la agencia Efe, el jefe de la diplomacia ecuatoriana dijo que su Gobierno está dispuesto a agotar la vía diplomática para resolver el caso, aunque admitió por primera vez que no descartan la posibilidad de poner fin al diálogo y optar por la vía judicial, llevando el conflicto ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ). "Si después de un tiempo razonable los diálogos políticos y diplomáticos no avanzan, no nos quedará otra alternativa más que recurrir a las instancias judiciales, a la Corte Internacional de Justicia de La Haya", ha afirmado el canciller, quien en todo caso no quiere fijar plazos ni ponerse una "camisa de fuerza".