INMIGRACIÓN EN AUSTRALIA
La AMM condena la ley que impide notificar si los inmigrantes necesitan atención
La organización tacha de delito la nueva legislación que prohibe a los sanitarios divulgar información sobre la salud y las condiciones de quienes solicitan asilo
La Asociación Médica Mundial (AMM) condenó la nueva ley australiana que impide que trabajadores de los centros de detención para inmigrantes divulguen información sobre la situación de los solicitantes de asilo, informó este viernes la prensa local.
El organismo mundial también pidió al primer ministro australiano, Tony Abbott, que enmiende esas leyes que entraron en vigor esta semana para permitir que los médicos que trabajan en esos lugares puedan hablar sobre la salud y las condiciones de los solicitantes de asilo, según la edición australiana de The Guardian.
"Hay un sorprendente conflicto con los principios básicos de la ética médica. Los galenos deben alzar la voz, si es necesario públicamente, cuando las condiciones de sus pacientes, en libertad o en detención, son inaceptables", dijo la AMM en una carta suscrita por su presidente, Xavier Deau, y el presidente del consejo, Ardis Hoven. "Se trata de un intento efectivo del Gobierno australiano para amordazar a los médicos al hacer que su defensa de los cuidados de la salud de los solicitantes de los campos de detención australianos sea un delito. Esta medida es inaceptable", añadió la misiva.
La condena se da después de que un grupo de cuarenta médicos, enfermeras, profesores y personal humanitario australiano que trabajó en los centro de detención enviaran este pasado miércoles una carta abierta al Gobierno federal desafiándolo a procesarlos por denunciar las condiciones en esos lugares.
NUEVA LEGISLACIÓN
La nueva ley, condenada también por la Asociación Médica Australiana, sanciona hasta con dos años de prisión a quien divulgue públicamente las condiciones en estos centros, aunque existen algunas excepciones vinculadas a las autoridades de protección infantil u organismos de supervisión gubernamental. Diversos organismos internacionales y nacionales han denunciado las condiciones y abusos en los centros de Nauru y Papúa Nueva Guinea, que entre otros, incluyen presuntos abusos sexuales de mujeres y menores.
El Gobierno de Camberra ha endurecido la política migratoria con disposiciones como que los extranjeros que alcancen el estatus de refugiado no tendrán posibilidad de residir en territorio australiano y deberán establecerse en Papúa Nueva Guinea, Nauru y, según el último acuerdo firmado, Camboya. Muchos de los inmigrantes que viajan hasta Australia han huido de conflictos como los de Afganistán, Darfur, Pakistán, Somalia y Siria, y otros que han escapado de la discriminación o de la condición de apátridas como las minorías rohinyá, de Birmania, o bidun, de la región del Golfo.
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