Argentina pretende asumir la jurisdicción del caso de su deuda externa ante los acreedores

La presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, envió la noche del martes al Congreso un proyecto de ley que permitirá ofrecerle a los acreedores que han aceptado en el 2005 y el 2010 una restructuración de la deuda pública argentina un cambio de jurisdicción en virtud de la cual Buenos Aires reemplazaría a Nuva York como lugar de cancelación de las obligaciones. Con esta iniciativa, el Gobierno decidió subirle la apuesta al juez neoyorquino Thomas Griesa, quien ha bloqueado parcialmente el pago a 92,3% de los bonistas hasta que no cobren primero los fondos especulativos que litigan contra este país.

En un mensaje emitido por televisión y radio, Fernández de Kirchner explicó los contenidos de la propuesta que incluye una reapertura del canje de la deuda voluntario para los tenedores de títulos bajo legislación extranjera. El proyecto del Ejecutivo contempla que "el Banco Central garantizará el pago de los servicios de deuda".

Según la presidenta, cuando entre en vigencia la ley que autoriza al Ministerio de Economía a "remover al banco de Nueva York como agente de pago de bonos de acreedores", y designar en su lugar al Banco Nación Fidecomiso "nadie podrá tocar (esos fondos), porque son de nuestros acreedores". El cambio de jurisdicción no será compulsivo, sino que cada tenedor de deuda podrá elegir si desea cambiar de jurisdicción a sus bonos.

Nueva oportunidad

A su vez, se abrirá la posibilidad de que el 7,6% de tenedores que no aceptaron en su momento a la resttructuración de la deuda podrán hacerlo bajo los términos de pago del año 2010. El anuncio se conoce tres días después de que que la Corte de Apelaciones de Nueva York fijara el 18 de setiembre próximo una audiencia en la que se discutirá los posibles pagos a tenedores de bonos a través del Citibank. La Corte Distrital es una instancia superior a la de Griesa, quien en su falló ordenó a Argentina pagar 1300 millones de dólares a los llamados "fondos buitre" antes que los otros acreedores. Argentina depositó el dinero a esos bonistas - 536 millones de dólares- el pasado 30 de julio en el Bank of New York (BoNY),  pero Griesa impidió el pago en tiempo y forma. El Gobierno de Cristina Fernández de Kichner se basa en ese hecho para negar que el país entró en "default", como han considerado algunas calificadoras de riesgo.

Es en este contexto en el que la Corte de Nueva York ha vuelto a entrar en escena, bajo la fórmula de "tratamiento expeditivo", para dar un dictamen antes del próximo 30 de septiembre. Ese día, Argentina tiene que abonar 186 millones de dólares del bono PAR. De no concretarse ese pago por orden de Griesa, se ampliarían las dificultades ya existen sobre los bonos Discount y el dinero retenido en el BoNY.

Apoyos internacionales

Argentina, que ha recibido el apoyo de los Gobiernos de Francia e Italia, los países latinoamericanos, la CEPAL t el G-77, además del FMI, ha intentado por ahora sin éxito demandar a EE.UU ante la Corte Internacional de Justicia por "violación de sus inmunidades soberanas".

El canciller argentino Hector Timerman dijo que "al día de la fecha Estados Unidos no ha contestado si acepta o no acepta dirimir la controversia con la Argentina en el Tribunal Internacional". El ministro recordó que la presentación ante la Corte de La Haya es "una demanda contra los Estados Unidos" y no "una acción contra los fondos buitre, ni una instancia de apelación a decisiones judiciales de autoridades de ese país".