Argentina negocia contra reloj para evitar la quiebra

«Hoy es un gran día», dijo ayer sorpresivamente el mediador judicial Daniel Pollack. El optimismo del hombre encargado de acercar en Nueva York posiciones entre el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y los fondos especulativos agrupados en la American Task Force Argentina para evitar la suspensión de pagos tan temida, tuvo su efecto contagio en la ciudad de Buenos Aires: subieron las acciones líderes en la bolsa y los títulos. Bajó, a su vez, el precio del dólar en el mercado paralelo. En la noche del miércoles se agotaba el periodo de gracia para que se acredite en las cuentas bancarias de los bonistas que, entre el 2005 y el 2010, aceptaron renegociar con el Estado argentino sus títulos. El país depositó el dinero en el Bank of New York (BoNY), pero estos no han podido cobrar por una resolución del juez Thomas Griesa. Las negociaciones, tan febriles como cargadas de tensión, se realizaban contra reloj para evitar el default técnico. En la página web de la American Task Force Argentina había un reloj que iba marcando, minuto a minuto, la cuenta regresiva. Su retiro fue interpretado como la posibilidad de un arreglo al filo del abismo.

La palabra «arreglo» puede resultar en rigor exagerada. Argentina se encuentra desde mayo entre un problema serio y otro que podría ser mucho peor. La situación se hizo evidente después de que el Tribunal Supremo de EEUU ratificara un dictamen de Griesa por el cual se exige a este país que pague 1.300 millones de dólares a los fondos especulativos, conocido también como buitres, antes de seguir cancelando sus obligaciones con el casi 93% de los otros acreedores con los que ha repactado la deuda con una importante quita de capital. El fallo es inapelable y taxativo: hay que abonar hasta el último centavo. De por sí, representó una seria derrota.

Pero Argentina se ha negado a pagar a los buitres más que lo pactado con los otros bonistas. La razón de esa intransigencia obedece a que el 4 de enero expira la cláusula RUFO (Rights Upon Future Offers) que habilita a esos acreedores a exigir las mismas condiciones de cobro que podría beneficiar a la Task Force.

Si la bomba RUFO explotara, Argentina debería pagar unos 120.000 millones de dólares adicionales, en los cálculos más optimistas. Por eso, el Gobierno necesita llegar al 2015 sin esa eventualidad. De hecho, lo que ha estado tratando de negociar en el juzgado de Griesa es la extensión hasta el próximo año de una medida cautelar y, justo en cinco meses, acatar al pie de la letra la sentencia.

CANAL DE DIÁLOGO / Según versiones periodísticas, para salir del laberinto se habilitó un canal de diálogo entre bancos argentinos y los buitres que permitiría desbloquear los pagos que vencían en la noche de ayer y, a la vez, garantizar a los litigantes la posibilidad de ejecutar la sentencia a su favor. El jefe de ministros, Jorge Capitanich, aclaró que la negociación «involucra a privados, no al sector público». De lo contrario, se gatillaría la temida cláusula RUFO.

La posibilidad de la suspensión de pagos (la agencia de calificación Standar & Poor's decretó ayer  la suspensión de pagos selectiva al país), encontró otra vez dividido al frente interno. Un sector de la oposición  ha pedido al Gobierno que ceda en su intransigencia porque, de lo contrario, se agravarían los problemas de acceso al crédito internacional, se reducirán las inversiones y será más difícil salir de la actual situación recesiva.

Roberto Lavagna se ha distanciado de esas exhortaciones. Lavagna, hoy enfrentado con el Gobierno, fue el ministro de Néstor Kircher que en el 2005 renegoció exitosamente la deuda externa. A su criterio, en el caso que suceda lo temido (la suspensión de pagos), se trataría de un «tifón». Y eso es mejor que el «tsunami» que, en la actualidad, lleva el nombre de RUFO  y haría trizas todo el proceso de reestructuración de la deuda. «Yo privilegio al 93% que ingresó al canje [de bonos]», dijo.