Alemania planea expulsar del país a los inmigrantes comunitarios en paro

Alemania restringirá los permisos de residencia a ciudadanos comunitarios en el país cuando se está en el desempleo, con el objetivo de evitar el fraude, y limitará el acceso de los inmigrantes europeos a las prestaciones sociales, ante el temor de que aumente de forma importante la llegada de ciudadanos rumanos y búlgaros. Sin embargo parece poco probable que se pueda aplicar una normativa solo para determinadas nacionalidades, por lo que podría hacerse efectiva la expulsión de ciudadanos comunitarios en situación de paro.

El ministro del Interior, Thomas de Mazière, y la titular de Trabajo, Andrea Nahles, presentaron este miércoles en Berlín el informe redactado por un grupo de trabajo que ha estudiado el actual marco legal y avanzaron una serie de propuestas que, garantizaron, respetan la normativa europea.

Destaca la pretensión de prohibir temporalmente el reingreso en el país a quienes hayan cometido fraude o abuso, como la utilización de documentos falsos; la concesión de permisos limitados de residencia -de entre tres a seis meses- para la búsqueda de empleo; y la decisión de castigar penalmente el fraude para conseguir papeles.

La gran coalición de Gobierno que dirige Angela Merkel quiere también endurecer las condiciones para acceder a determinadas prestaciones, como las que se cobran por los hijos a cargo, para evitar que los inmigrantes, que pueden recibir ayudas por los niños que mantienen fuera de Alemania, perciban subvenciones dobles.

Apoyo financiero

Por otra parte, los Ministerios de Interior y de Trabajo proponen reformas en la legislación laboral para luchar contra la economía sumergida y la explotación de los trabajadores inmigrantes. Las reformas legales irán acompañadas del apoyo financiero --200 millones de euros para asistencia técnica a las diferentes regiones--, ya que el Gobierno reconoce la importante carga que soportan en este momento ciudades hacia las que se dirigen los flujos migratorios, como Múnich, Fráncfort, Hamburgo y Duisburgo.

El informe se centra en el posible impacto que puede tener en Alemania la apertura de fronteras a los ciudadanos búlgaros y rumanos, que desde el 1 de enero no necesitan un contrato de trabajo para entrar en el país, e intenta calmar a los conservadores bávaros de la CSU, partido hermano de la CDU de Merkel y miembro del gobierno de coalición en el que también están los socialdemócratas.