Alemania obliga a informar sobre los desempleados para combatir el fraude

Alemania ha estrenado este lunes una polémica reforma del paro que obliga a los contribuyentes, entre otras cosas, a informar sobre la situación de sus vecinos desempleados si así lo requiere la Administración. Si la oficina de empleo conocida como Job Center, que se encarga de atorgar ayudas sociales a los parados de larga duración y sin recursos, realiza preguntas al casero o a los vecinos de un beneficiario de ayudas, estos tienen que responder. En caso de no hacerlo, o de aportar datos falsos, tendrán que pagar una multa de 5.000 euros. 

Esta es una de las medidas introducidas por el Ministerio de Trabajo alemán que fue aprobada el pasado junio y que ha entrado en vigor este lunes. En cuestiones de privacidad, la oficina de empleo tiene derecho a conocer datos de los beneficiarios que se hallen en poder de los bancos o de otras instituciones. Hasta ahora, podían solicitar dichos datos cada tres meses; ahora podrán hacerlo de forma mensual.

En la nueva normativa, asimismo, se mantienen y se endurecen las sanciones. Las personas que rechazan un empleo o que no envían suficientes currículum vitae ven un 30% reducida la ayuda. Si reinciden, se les recorta el 60%, y la tercera vez se quedan sin subvención. A la primera falta, a los jóvenes de entre 15 y 24 les quitan la ayuda directamente. Los famosos 'trabajos por un euro' a los que están obligados los beneficiarios en caso de que no se encuentre ningún puesto de trabajo, y que hasta ahora podían durar hasta dos años en un periodo de cinco, aumentan su duración hasta 36 meses.

FORMACIÓN PROFESIONAL

La reforma incluye también algún alivio, sobre todo para los jóvenes que se encuentren realizando una formación profesional, que hasta ahora recibían solamente una ayuda mínima llamada Ayuda para la Formación Profesional o Berufsausbildungsbeihilfe (BAB) y que podrán completar sus ingresos con una parte proporcional correspondiente de las ayudas de “desempleo II”, conocidas como Hartz IV. Esta ayuda comprende el pago de un alquiler “aceptable” y de unos 350 euros al mes para el resto de necesidades.

Esta reforma afectará también a los decenas de miles de refugiados e inmigrantes que viven en el país. Uno de cada cuatro de los beneficiarios de las ayudas conocidas como Hartz IV son extranjeros, según la Agencia de Empleo (BA). El número ha aumentado a raíz de la llegada de cientos de miles de refugiados. En total, son un millón y medio de extranjeros, lo que supone un 12%. Los nacionales de Turquía, Siria y Polonia encabezan el listado. En el caso de eritreos y sirios, se registró el mayor aumento con respecto al 2014, aumentando en el 229% y el 195%, respectivamente.

También se registró un aumento de los beneficiarios de dichas ayudas y que son parados de más de 55 años. En la última década, su número aumentó en un 40%, llegando a la cifra de 195.000 personas en el 2015. Un tercio de estos llevaba además cuatro o más años en paro, todo ello según un documento que la diputada de Die Linke (La Izquierda) ha solicitado a la BA.

PROTESTA DE ACTIVISTAS

El martes, activistas de la plataforma Blockupy han llamado a “bloquear el Ministerio de Trabajo” en la capital, en protesta por la recién aprobada “ley de integración” y las modificaciones del ministerio en relación a parados y personas sin recursos. Consideran que estas leyes “endurecen la subordinación de parados y refugiados a un régimen de mercado laboral que solo ofrece para muchos una perspectiva laboral bajo condiciones precarias”. Según ellos, esta ley está pensada para que los empleados a tiempo completo “se dejen hacer de todo” con tal de no perder el empleo.

En la “ley de integración” para refugiados se contempla, por ejemplo, que estos puedan llevar a cabo “empleos de un euro” y recibir tan solo 80 céntimos la hora. Hasta 100.000 empleos de este tipo pretende crear la ministra de Trabajo, Andrea Nahles, del partido socialdemócrata SPD. Los refugiados trabajarán en el reparto de comida en los albergues o en la limpieza de lugares públicos, por ejemplo. Las personas contratadas con un “empleo de un euro” no tienen el estatus de trabajadores, ni cotizan como tales ni por supuesto reciben un salario acorde al trabajo. De ahí que sindicatos y organizaciones de ayuda al refugiado hayan criticado la medida, pensada para desempleados de larga duración a quien por sus características sea “especialmente complicado encontrarles un empleo”. 

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