Agonía de la pena capital

Es marejada más que tsunami, lenta maratón más que sprint, impulsado más por circunstancias concretas que por profundos cambios ideológicos. Pese a eso, el fenómeno se consolida y EEUU afronta en los últimos tiempos alteraciones en su relación con una de sus más controvertidas señas de identidad: la pena de muerte.

El miércoles, por primera vez desde que en 1973 lo hiciera Dakota del Norte, un estado conservador abolió la pena capital. Fue Nebraska, donde 30 legisladores sumaron los votos necesarios para anular el veto a la ley del gobernador conservador Pete Ricketts, que se oponía a sustituir la inyección letal por la cadena perpetua para los 10 presos que están en el corredor de la muerte en el estado, así como eliminar la opción de volver a castigar a alguien con la pena máxima. Y en la unión, por motivos distintos de esos 30 demócratas y republicanos, hay indicios de un giro político y social.

VOTANTES REPUBLICANOS

Entre la población estadounidense aún domina el apoyo a la pena de muerte: un 63% según una de las últimas encuestas de Gallup, frente al 33% de rechazo. Esa mayoría, no obstante, es la más baja en casi cuatro décadas y está lejos del 80% que respaldaba las ejecuciones hace dos décadas. La tendencia a rechazar la pena capital incluso aumenta entre los votantes republicanos y el año pasado el apoyo cayó entre estos un 5%, más que los 19 años anteriores juntos.

También en casos concretos, como la reciente condena federal a muerte de Dzhokhar Tsarnaev por el atentado en el maratón de Boston, son amplias mayorías quienes tienen la sensación de que se ha hecho justicia (un 70% en ese caso según un sondeo de 'The Washington Post') pero los datos afianzan la idea de que algo está cambiando.

Con Nebraska son ya 19 estados (además del Distrito de Columbia) los que han abolido la pena de muerte. Siete lo han hecho desde el 2007, ocho años en los que otros cuatro han impuesto moratorias. En muchos de los 31 estados que aún mantienen las ejecuciones (como el Gobierno federal) hay una moratoria de facto ante la escasez o carencia de los medicamentos tradicionalmente usados en la inyección letal. En otros, incluyendo ante el Tribunal Supremo, la moratoria se aplica porque se está estudiando la viabilidad de otras drogas. En los tribunales descienden el número de sentencias a muerte. Y hasta en Tejas, el máximo estado ejecutor, se ha pasado de 40 ejecuciones en el año 2000 hasta las 10 del año pasado.

En los cambios pesan las comprobaciones de los errores (más de 140 reos del corredor de la muerte han sido exonerados desde 1973) pero hay además elementos políticos. Con elecciones presidenciales a la vista, republicanos y demócratas han empezado a moverse en terreno común a la hora de proponer reformas en el sistema de justicia penal. Y aunque aún quedan muchas discrepancias, se extienden entre los conservadores argumentos morales, religiosos, de efectividad y de economía. Las ejecuciones son más caras que una cadena perpetua.