La Administración de Trump endurece la guerra contra las filtraciones

La lucha contra las filtraciones de información ha sido una constante de los gobiernos de Estados Unidos, especialmente desde la época del obsesivo Richard Nixon, pero la Administración de Donald Trump se prepara para llevarla a un nuevo nivel, preocupante para algunos observadores y defensores de la libertad de prensa.

Este viernes el fiscal general de Trump, Jeff Sessions, ha anunciado que en los seis primeros meses de Gobierno republicano se han triplicado las investigaciones de esas filtraciones y ha informado de que ya hay cuatro personas  acusadas formalmente (hasta ahora solo se conocía un caso, el de la analista de la Agencia de Seguridad Nacional Reality Winner). En todo el mandato de Obama, que presentó más acciones legales contra filtraciones que todas las Administraciones anteriores, hubo nueve.

Lo más preocupante para los grupos que defienden la libertad de prensa es que en el anuncio realizado este viernes se ha informado también de que el Departamento de Justicia está revisando las políticas referentes a las citaciones con que se busca obtener información de fuentes tanto de medios como de periodistas. Y aunque no se han dado más detalles ni se ha querido contestar a la pregunta de si se plantean demandar también a quienes publiquen información filtrada (algo que Trump llegó a sugerir que habría que hacer), el mensaje ha provocado alarma, pues podría anular políticas que se implantaron en el 2013, durante la Administración de Obama, precisamente para contener las agresivas y polémicas tácticas que se habían usado con la prensa (se llegaron a obtener en secreto registros telefónicos de llamadas de periodistas).

“Respetamos el importante papel que juega la prensa y les daremos respeto, pero no es ilimitado”, ha dicho Sessions. “Debemos equilibrar el papel de la prensa con la protección de la seguridad nacional”.

Un auténtico coladero

Las filtraciones (que no en todos los casos son ilegales ni implican divulgación de información clasificada) han sido una obsesión para Trump desde que llegó a la Casa Blanca, un auténtico coladero de información que ha ayudado a dar exposición a los seis primeros caóticos meses dentro del Ala Oeste. Y públicamente el presidente se ha centrado en denunciar y criticar las de la comunidad de inteligencia asegurando que ponen en peligro la seguridad nacional, pero no puede esquivar el elefante en la habitación: esas filtraciones llegan desde numerosos frentes (que según ha recordado el director nacional de inteligencia, Dan Coats, incluyen “el brazo del poder ejecutivo y el Congreso”) y, peor aún, le afectan personalmente.

Gracias a filtraciones se ha conocido, por ejemplo, numerosa información sobre contactos de miembros de su familia y de su equipo con altos cargos rusos durante la campaña electoral. Han arrojado luz también sobre otros aspectos vinculados al ‘Rusiagate’, como su decisión de destituir a James Comey como director del FBI. Y en algunos casos, como la publicación esta misma semana de las transcripciones de sus conversaciones telefónicas con Enrique Peña Nieto y Malcolm Turnbull, pueden darle quebraderos de cabeza tanto de imagen y políticos como legales.

La campaña reforzada contra las filtraciones, para la que se ha creado una nueva unidad especial dentro del FBI que manejará los casos, ha tenido también un elemento paradójico. La está dirigiendo Sessions, el hombre al que Trump recriminaba públicamente hace solo unos días estar siendo “muy débil” en su persecución.