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El accidente japonés ha frenado la ofensiva para alargar la vida de las centrales españolas

El cierre definitivo de la planta de Garoña podría ser la prinicipal consecuencia en España del siniestro

Los ecologistas creen que las pruebas de estrés fueron insuficientes porque la industria "las descafeinó"

El accidente japonés ha frenado la ofensiva para alargar la vida de las centrales españolas

GREENPEACE / GREENPEACE

Miembros de Greenpeace reciben manguerazos para evitar su acceso a la central, durante una protesta en Garoña.

Jueves, 10 de marzo del 2016 - 17:21 CET

El accidente de Fukushima cortó de raíz la ofensiva del lobi pronuclear para lograr la prolongación de la vida de las nucleares españolas. Esta operación de lavado de imagen había logrado incluso un giro en el PSOE, que se tradujo en la prórroga para que Garoña siguiera operando unos años más, pero tras el siniestro los socialistas regresaron a su tradicional posición de cerrar todas las plantas cuando lleguen al final de su vida útil, a los 40 años. Ahora la gran mayoría del arco parlamentario es contrario a los 60 años que pretende la industria. 

Garoña, inaugurada en 1971, es la central más antigua de España. Su reactor es de un diseño muy similar al de Fukushima por lo que la guerra abierta sobre su continuidad es la que mejor ilustra el impacto del accidente nuclear de Japón sobre la decisiones que se toman en España. Si el Gobierno de Zapatero hubiera cumplido su programa electoral debería haber decretado su cierre en el 2011 pero unos meses antes de la catástrofe decidió otorgarle una prórroga de dos años. El tiempo suficiente para que aguantara hasta la siguiente legislatura, en la que se daba por supuesto que el Gobierno pasaría a manos del PP.

La onda expansiva del accidente desnudó la decisión. Desde entonces, los socialistas defienden el cierre y lo hacen junto al resto de partidos, incluido Ciudadanos, que suman una clara mayoría en esta legislatura que acaba de empezar. Aunque más que cierre habría que hablar de reapertura, porque durante el mandato de Mariano Rajoy las discrepancias del Gobierno con las eléctricas sobre la fiscalidad del sector llevaron a estas adelantar el cierre de Garoña al 2012 como arma de presión. Una vez resueltas éstas, ahora lo que se debate es si la planta debe volver a funcionar hasta el 2031, como proponen sus propietarios, Endesa e Iberdrola.

HASTA EL 2012

El PP mantiene su granítica posición pronuclear pero está solo. Gobierne quien gobierne, es ya muy difícil que Garoña vuelva a producir energía, aunque la batalla nuclear de verdad no se librará en la actual legislatura porque la siguiente central en antigüedad, Almaraz, no cumple los 40 años hasta el 2021. Falta aún un lustro y la amenaza de Japón quedará cada vez más lejos.

Las mejoras introducidas en el parque nuclear a partir de los tests de estrés impulsados por la Unión Europea han sido muy controvertidas. El Foro Nuclear las utiliza incluso para argumentar que con ellas es aún más factible prolongar la vida de las centrales. Pero los ecologistas las consideran “insuficientes” incluso para lograr el objetivo que se plantearon, evitar que en España se imposible un suceso como el de Japón.

PRUEBAS DESCAFEINADAS

La industria las ha "descafeinado" todo lo que ha podido, aseguran, y esgrimen el coste final como argumento. El comisario europeo que implantó los tests calculó que las reformas costarían 750 millones de euros y al final se han gastado tan solo unos 200. “Las pruebas se hicieron con los datos proporcionados por los propietarios de las plantas, sin que los certificara ninguna autoridad indepedendiente. Y se ha comprobado que en algunos casos la información era sesgada”, afirma Francisco Castejón, portavoz de energía nuclear de Ecologistas en Acción.

Tampoco se tuvieron en cuenta los escenarios de atentando terrorista o la hipótesis de que un avión se estrellara.

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