El letrado Carlo Fusco ha renunciado a la defensa de Paolo Gabriele, el mayordomo del Benedicto XVI, que se encuentra en arresto domiciliar por haber sustraído, fotocopiado y pasado a la prensa papeles reservados del Papa, según se ha sabido este viernes. Junto con él también será procesado el experto informático de la Secretaría de Estado, Claudio Sciarpelletti.
De acuerdo con el diario 'La Stampa', Fusco habría abandonado la defensa de su cliente a causa de “divergencias sobre la línea defensiva”. Cristina Arru, abogada colaboradora de Fusco, estaría evaluando también la posibilidad de dejar al mayordomo.
La defensa de Gabriele durante las diligencias previas se había apoyado, según evidenciaba la sentencia de procesamiento del juez del Vaticano, Piero Antonio Bonnet, en aducir que Paolo Gabriele había “actuado para ayudar al Papa, aunque fuese de una manera equivocada”.
En este sentido, la defensa había aportado un peritaje psiquiátrico en el que, entre otras conclusiones, deducía que el mayordomo era “un sujeto socialmente peligroso y, por lo tanto, en condiciones de cometer acciones que podrían causar daño a sí mismo y a los demás”. El informe defensivo contradecía al del perito del tribunal, según el que Paolo Gabriele dispone de una personalidad que “no constituye ningún estorbo mental como para suprimir su conciencia y libertad de sus actos”, aunque le consideraba “sugestionable”.
El mayordomo había sido detenido en la Ciudad del Vaticano el pasado 23 de mayo, después que la emisora de televisión La7 y el periodista Gianluigi Nuzzi publicasen documentos reservados y secretos del Papa y de la Secretaría de Estado, el 'Gobierno' de Benedicto XVI.
Durante las investigaciones, los gendarmes pontificios hallaron en el domicilio de Gabriele cuatro cajas de documentación, un cheque a nombre del Papa por 100.000 euros, un libro del siglo XVI y una pepita de oro. También fueron hallados documentos en el escritorio de Claudio Sciarpelletti, experto informático que trabaja en la Secretaría de Estado.
La sentencia de procesamiento contra ambos fue dictada el pasado 13 de agosto, aunque el juez Bonnet advirtió que se trataba de una especie de primera parte, explicando que las investigaciones prosiguen para apurar la colaboración de otras personas. El proceso, que podría ser público aunque no está todavía decidido, debería empezar este mes de septiembre.
Cuando el caso salió a la luz pública el pasado febrero, varios cardenales dieron a entender que el mayordomo no estaba solo y el mismo interesado declaró en actas que había unas 20 personas más. Según ellos, la filtración de papeles formaría parte de una lucha “dialéctica” interna al Vaticano --varias fuentes negaron que se tratase de una “guerra”--, entre favorables y contrarios a la política de transparencia impuesta por Benedicto XVI.