Francia acusa a la Eurocámara de "desacreditarse" con su condena

El Gobierno francés dejó ayer claro que no acepta lecciones de derechos humanos. Tanto el ministro de Inmigración, Eric Besson, como el de Asuntos Europeos, Pierre Lellouche, fustigaron la resolución aprobada el jueves por el Parlamento Europeo solicitando a todos los países de la Unión, pero específicamente a Francia, la «suspensión inmediata» de las expulsiones de gitanos rumanos y búlgaros. Mientras Besson tachaba la resolución de «operación de baja política» dirigida por socialistas y ecologistas, Lellouche consideraba que la Eurocámara «se está desacreditando» al votar en contra de sus propios textos.

Los dos ministros pusieron el acento en acusar a los eurodiputados de incoherencia. «No conocen el derecho comunitario», sostuvo Besson en una entrevista en la emisora de radio France Info. Afirmó que es la Comisión Europea la encargada de verificar el cumplimento de las reglas europeas y que, en las consultas de las últimas semanas, Bruselas no ha encontrado «nada» que reprochar a París.

El titular de Inmigración precisó también que la directiva europea del 2004 -vulnerada por Francia con las expulsiones según la resolución aprobada con 337 votos favorables y 245 en contra- «distingue la libertad de circulación de la libertad de instalación» en un país de la Unión del que no se tiene la nacionalidad. Todos estos argumentos desembocaron en otro razonamiento: «Hay que disponer de ingresos propios y no estar continuamente a cargo de los servicios sociales» del país receptor.

LOS DELITOS / Aunque se negó a referirse a los repatriados como gitanos con el argumento de que Francia no hace distinciones de carácter étnico, Besson admitió finalmente que la operación obedecía a razones de seguridad. Según dijo, en algunas zonas de Francia, como la región de París, «uno de cada cuatro delitos lo ha cometido un rumano».

Fue precisamente la voluntad de Sarkozy de mostrar mano dura con los delincuentes para remontar en las encuestas y desviar la atención del escándalo político-financiero que afecta al ministro de Trabajo, Eric Woerth, lo que llevó al Gobierno a publicitar unas expulsiones que, de hecho, ya se venían haciendo. Según Besson, el año pasado se enviaron de vuelta a sus países a 11.000 rumanos y búlgaros y el 2010 se cerrará con algunos centenares más de expulsados.

GASTO INNECESARIO / Pero la repercusión que han tenido los 8.000 repatriados en lo que va de año ha desbordado a los propios promotores de la operación. Las críticas han llovido desde todos los frentes, desde el Papa a la ONU. De poco le ha servido al Gobierno francés esgrimir que los expulsados son bien tratados, puesto que cada uno recibe 300 euros por dejar voluntariamente el territorio francés.

Esta política no solo ha sido criticada por la oposición, que considera absurdo pagar a unos ciudadanos que pueden volver a entrar en el país cuando quieran. El ministro de Exteriores rumano, Teodor Baconschi, se ha mostrado «escéptico». «No sabemos hasta qué punto los regresos son voluntarios. Francia ha gastado 18 millones de euros en estas repatriaciones. Este dinero podría haberse invertido en proyectos de integración», opina el ministro en un artículo publicado en Le Monde.