BALANCE crítico con rabat
Un grupo marroquí denuncia la regresión en derechos humanos
La oenegé AMDH afirma que crecen la tortura y las desapariciones
La situación de los derechos humanos en Marruecos retrocede a marchas forzadas. La palabra «regresión» resume lo sucedido en esta materia en el 2009 y en lo que llevamos de año, según la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH), una de las organizaciones más críticas con el poder central.
Detenciones arbitrarias, desapariciones forzosas, jueces parciales además de corruptos, y torturas se han multiplicado en los últimos años sin que nadie ponga el grito el cielo. La causa, dice la presidenta del colectivo, Hadiya Riadi, es «la guerra contra el terrorismo comenzada desde el 11–S en EEUU». «Todos los comportamientos que violan los derechos civiles en Marruecos se justifican con argumentos de lucha contra el terrorismo», añade Riadi.
En su informe anual que se hizo público ayer, la asociación marroquí destaca las persecuciones y las amenazas de cárcel que sufren los militantes defensores de los derechos humanos. Alrededor de 130 detenciones políticas se han producido en el último año. «Algunos ya cumplieron las penas, otros fueron liberados después del ruido que hicimos desde nuestra asociación. La movilización internacional también ha ayudado mucho», comentó Hadiya Riadi. A pesar de los grandes proyectos económicos que están sacando a este país de la casilla de los países en vías de desarrollo, y pese a la explosión cultural que está permitiendo a una nueva generación defender su identidad y reivindicar su laicidad, «las violaciones a las libertades individuales van de mal en peor», manifiesta entre suspiros.
CON MOHAMED VI, PEOR / Despliega sobre la mesa todas las asignaturas pendientes que desde la entronización de Mohamed VI–continúa explicando– «no solo no se han tocado, sino que han empeorado»: un total de 17 detenciones forzosas en el 2009 con una duración de varios días a meses, la aplicación de la tortura, la explotación laboral de los niños, los abusos sexuales «impunes» de mujeres y menores, las mujeres en situación de vulnerabilidad frente a una justicia parcial y machista, la cárcel hecha para los pobres y unas condiciones carcelarias cada vez más «estrepitosas», la situación de los inmigrantes subsaharianos, muchos de ellos refugiados políticos, bajo la mordaza. Todo esto, ejemplifica, según Riadi que «este país no es un Estado de derecho y aún le queda mucho para lograr una Constitución democrática», que respete la separación de poderes. Abdelhamid Amín, vicepresidente de la asociación, con el desolador informe en la mano, pidió a la UE que asuma responsabilidades en las violaciones de los derechos, porque «no obliga al país magrebí a cumplir sus acuerdos ahora que es socio privilegiado». Concluye con el argumento de que «todo lo que no sea un asunto económico no interesa a Bruselas; a los países amigos no solo se les alaba, también se les critica y sanciona».
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