¿10.000?

El pasado domingo, un incendio arrasaba las redes sociales. Europol afirmó que había 10.000 refugiados menores de edad desaparecidos. Era el sueño húmedo de cualquier redacción: un número desproporcionado, un fenómeno de actualidad y el morbo añadido de una desaparición y su posible caída en las manos de mafias. Uno, de natural escéptico, desconfía de los números redondos. Y algo empezó a oler peor cuando todas las noticias dirigían a la misma fuente: un alto responsable de Europol en declaraciones al diario británico 'The Guardian'. Ningún comunicado al respecto en su página web. Ni una denuncia por parte de las oenegés.

Solo Suecia aportaba números: las autoridades de Trelleborg alertaron en octubre de que no sabían a dónde habían ido a parar 1.000 menores refugiados que viajaban solos y que habían llegado a la ciudad. Lo cual está lejos de ser sorprendente, dado el caos que caracteriza la penosa respuesta europea a la crisis migratoria.

Preocupado por el asunto, llamo el lunes a Europol, que se niega a contestar a mis preguntas por teléfono y me pide que envíe un cuestionario por correo electrónico. Responden unas horas después sin contestar una a una las preguntas, sino con un comentario general que comienza: «Por favor, tenga en cuenta que Europol quiere concienciar sobre la vulnerabilidad de los menores que viajan solos en el flujo migratorio». Las fuentes de la cifra, argumentan, son gobiernos y oenegés. Y dejan claro que esto no quiere decir que todos los menores sean víctimas de la explotación laboral o sexual de mafias. Muchos medios internacionales dan a entender precisamente lo contrario. Alguna prensa afiló el colmillo con la noticia.

Contacto entonces con una oenegé centrada en la protección infantil que me remite solo sus reacciones al dato de Europol. Pero, ¿es cierto ese número? No hay respuesta. Tras varios contactos con Unicef, desde el departamento de comunicación subrayan que esos 10.000 fueron una estimación... hecha por el diario británico 'The Guardian' a la que Europol dio credibilidad. Y que solo quiere decir que 10.000 están ausentes del sistema. Es evidente: no van a ser sus familias las que denuncien su desaparición si estos chavales viajan por su cuenta. El problema radica en la descoordinación entre países: algunos se registran en el punto de entrada y continúan su camino hacia el norte de Europa sin el conocimiento de las autoridades. Otros abandonan los centros de acogida hastiados de esperar una solución que nunca llega. Otros se han reunido con familiares en sus países de destino. Los hay también que caen presas de mafias. ¿Cuántos? No hay datos.

Si se quería concienciar sobre el preocupante fenómeno de los refugiados menores que viajan sin tutela se podría haber escogido un método menos alarmante. La inmediatez y habitual falta de análisis de las redes sociales hicieron el resto.