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Ignacio Escolar

Estrategias oblicuas

Ignacio Escolar

Periodista

Quiero saber quién me debe dinero

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Domingo, 16 de diciembre del 2012 Imprimir Enviar esta noticia Aumentar/ Reducir texto

Cristóbal Montoro ha amagado con publicar las listas de los mayores defraudadores y morosos con Hacienda, los que no pagan al fisco o tienen grandes deudas con la Seguridad Social. El ministro tiene razón con esta iniciativa, que espero que lleve a cabo. Esa deuda se contrae con un ente que percibimos como algo abstracto, el Estado, pero en realidad estamos hablando de un dinero que se nos debe a todos los ciudadanos. Nosotros, los contribuyentes, tenemos el derecho a saber quién no paga, del mismo modo que es irrenunciable conocer el detalle de cómo se gastan nuestros impuestos. En una democracia, el dinero público debe ser siempre el más transparente de todos.

El ministro Cristobal Montoro, en el pleno del Congreso sobre la aprobacion del real decreto de las pensiones. JUAN MANUEL PRATS

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Información publicada en la página 8 de la sección de Opinión de la edición impresa del día 16 de diciembre de 2012 VER ARCHIVO (.PDF)

Difundir las grandes deudas con Hacienda tiene un valor ejemplarizante y sin duda ayudaría a reducir el fraude. Para muchas empresas, evitar esta publicidad negativa seguro que sería un gran incentivo para estar al corriente con sus pagos. Además, lo que plantea el ministro no es muy distinto de lo que ya hacen otros países europeos, como Irlanda. Ni el ministro pretende una excentricidad ni está inventando la rueda.

Sin embargo, las palabras de Montoro entran en radical contradicción con sus actos más recientes. ¿Es coherente que el ministro de la amnistía fiscal enarbole ahora la transparencia ejemplarizante contra morosos y defraudadores? Hablamos del mismo Montoro que perdonó a 30.000 defraudadores y garantizó su anonimato a cambio de un mísero 10%. Aun así, prefiero sin duda este nuevo rumbo de Montoro y, puestos a pedir, estaría bien que fuese aún más lejos. Que regrese al pasado, a lo que ya hicimos en España durante los primeros años de aquella ingenua democracia.

Entre 1978 y 1979, durante el Gobierno de la UCD y con Francisco Fernández Ordóñez como ministro de Hacienda, el Estado hizo públicos los datos de todas las declaraciones de la renta y del patrimonio. Bastaba con acercarse al ayuntamiento para conocer cuánto tenía y cuánto decía ganar cada vecino. Aquellas listas públicas de contribuyentes fueron en su momento muy polémicas; eran habituales los casos de ricos que se declaraban como miserables y a los que la renta les salía a devolver, como a Díaz Ferrán. La idea estaba copiada de los países escandinavos, modélicas democracias, como Noruega, donde estos datos son públicos desde hace décadas. Sin embargo, duró poco: tras dos ejercicios plagados de escándalos, la UCD convirtió la renta en secreto de confesión. ¿La excusa para terminar con la transparencia fiscal? Entonces fue ETA: el secuestro de Luis Suñer y que la banda utilizase esa información para la extorsión del 'impuesto revolucionario'. Ahora que el terrorismo vasco es historia, ¿cuál es el argumento para negar la transparencia en el dinero de todos?

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