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Ignacio Escolar

Estrategias oblicuas

Ignacio Escolar

Periodista

Pacto contra la decadencia política

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Domingo, 7 de octubre del 2012 Imprimir Enviar esta noticia Aumentar/ Reducir texto

Por fin llegó el consenso. Diputados de un lado y otro del hemiciclo decidieron esta semana dejar atrás sus diferencias para responder de forma contundente a un atrevido juez que tuvo la ocurrencia de constatar en un auto la verdad. «La convenida decadencia de la clase política», escribió Santiago Pedraz. ¡Oh, escándalo! ¡El rey está desnudo! Decir que la clase política está en decadencia no es una opinión, es un dato corroborado hasta por los «pijos ácratas» del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). ¿De verdad hay quien defienda que los políticos españoles están en auge ahora que las encuestas los sitúan como el tercer mayor problema de los españoles?

El juez Santiago Pedraz sale de la Audiencia Nacional, en Madrid, el 5 de octubre del 2012. JUAN MANUEL PRATS

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Información publicada en la página 12 de la sección de Opinión de la edición impresa del día 07 de octubre de 2012 VER ARCHIVO (.PDF)

Lo que debería provocar un consenso urgente entre los partidos políticos no es la respuesta corporativista contra el juez Santiago Pedraz, sino un plan urgente contra esa decadencia de la política, antes de que el divorcio con la ciudadanía vaya a más y sea irreversible.

No es admisible, por ejemplo, que uno de cada cinco parlamentarios del Partido Popular en las Cortes Valencianas esté imputado por corrupción. O que el Bundestag alemán haya votado y debatido el rescate a España, pero no lo haya hecho el Parlamento español. O que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tenga tiempo para hacer campaña en las elecciones autonómicas de Galicia y Euskadi, pero que se vaya a pasar un mes sin explicar en el Congreso su gestión. O que España sea casi el único país occidental que no tiene una ley de transparencia (o que el proyecto que está sobre la mesa sea opaco en su elaboración e inútil contra la corrupción por su tibio desarrollo). O que el Congreso de los Diputados incumpla desde 1982 su propio reglamento, que tiene rango de ley y obliga a presentar cada año los detalles de su presupuesto: ese secreto de Estado que impide saber, por ejemplo, cuánto gastan algunos diputados en viajes por el mundo, viajes de dudosa utilidad. O que en Estados Unidos hasta los correos electrónicos del presidente acaban siendo públicos después de pasado un cierto tiempo, mientras que en España lo primero que hace un ministro es jurar que guardará el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros.

Las consecuencias

No es justo, eso sí, hablar de «clase política» (aunque es el término que aparece en el CIS). No todos son iguales ni tienen la misma responsabilidad. Pero aquellos con un gran poder sí deberían tomar alguna gran decisión. Que repasen la historia y miren en otros países de nuestro alrededor. Que se fijen en la Italia de 1994 para saber qué pasa cuando la política se convierte en el problema, en vez de en la solución.

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