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Estrategias oblicuas

Ignacio Escolar

Periodista

La letra pequeña del plan antidesahucios

@iescolar

Domingo, 18 de noviembre del 2012

Manifestación, promovida por sindicatos y colectivos sociales en Bilbao, para protestar por los desahucios y los recortes sociales tras el suicidio de una mujer en Barakaldo y las medidas aprobadas por el Gobierno central.

Algunos datos para explicar qué entiende el Gobierno por «extrema necesidad» y cuántas «familias de buena fe» se pueden beneficiar del nuevo plan de urgencia contra los desahucios. De todos los hogares españoles, solo el 3,7% son familias numerosas -tres hijos o más- y alrededor del 4% están formadas por un adulto con al menos dos hijos a su cargo. Apenas el 1,1% de los españoles menores de 65 años padecen una discapacidad total que les impide trabajar y poco más del 2% de la población tiene 3 años o menos. Cerca del 3% de las mujeres -el 1,5% de la población- han denunciado en alguna ocasión violencia machista y no hay datos sobre el último requisito: que todos los miembros de la unidad familiar estén en paro y sin prestación alguna. Además de ingresar menos de 19.200 euros al año entre toda la familia, hace falta pertenecer al menos a una de estas minorías estadísticas para beneficiarse de la prórroga de dos años para los desahucios que ha aprobado el Gobierno. La conclusión es obvia: el decreto de urgencia solo soluciona una pequeña parte del problema, una mínima fracción de la catástrofe. Pero el porcentaje más desolador es otro: ni uno solo de los tres suicidas que en las últimas semanas han colocado este debate sobre la mesa del Consejo de Ministros cumplía con estos requisitos. El 100% de ellos habría quedado fuera de la solución tomada. Es un 0% de eficacia, un auténtico logro.

Todos estos porcentajes salen del INE, pero son simples aproximaciones: ni siquiera se conocen a ciencia cierta cuántos de los desahucios son de la primera vivienda y no de la casa en la playa. Nos falta el mapa completo porque el Gobierno no lo ha dado. Nadie ha explicado cuántos desahucios se retrasarán con esta medida paliativa, ni siquiera sabemos cuántas familias están ya afectadas por este problema porque los únicos números -incompletos- son los de los juzgados. Pese a la gravedad de la situación, no hay datos públicos y no está claro si es por torpeza o por maldad: no sabemos si el Gobierno ignora la realidad de las leyes que aprueba y de la sociedad que gestiona o es que nos la oculta de forma consciente para que no quede patente su fracaso. No tengo claro cuál de las dos alternativas es más preocupante.

Sí conocemos otro porcentaje: el 100% de los desahuciados -tanto los que entren por el ojo de aguja que ha puesto el Gobierno como los que queden fuera- van a perder su casa. La ejecución de una hipoteca tiene varias etapas: primero se pierde la propiedad de la vivienda y luego la posesión, su uso. Lo que se ha retrasado por dos años para una pequeña fracción de los afectados es solo el segundo paso, por lo que perderán tanto la propiedad como la posesión tarde o temprano, incluso aunque después paguen. Lo que ha aprobado el Gobierno no es una solución: es una tirita incapaz de contener una inmensa vía de agua.

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