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Ignacio Escolar

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Periodista

La gran reforma que jamás hará Rajoy

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Domingo, 23 de diciembre del 2012 Imprimir Enviar esta noticia Aumentar/ Reducir texto

Para crear una empresa en España hace falta valor y bastantes cosas más: diez trámites burocráticos, 28 días de plazo y 1.068 euros en papeleos de media. Los números son del Banco Mundial y salen de un informe que sitúa a España en el terrible puesto 136 (de 185) entre los países donde más fácil es poner en marcha una empresa. Por delante están potencias como Afganistán, Irán, Kenia, Marruecos, Tanzania, Yemen, Ruanda o Senegal. "España no es Uganda", como dijo Rajoy, porque incluso en Uganda (puesto 120) es más sencillo y barato crear una empresa. ¿La razón de este desastre? Entre otras cosas, una privilegiada burocracia privatizada: los notarios y registradores de la propiedad a los que ningún Gobierno en 150 años se ha atrevido a tocar.

Mariano Rajoy durante una sesión parlamentaria. JUAN MEDINA | REUTERS

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Información publicada en la página 8 de la sección de Opinión de la edición impresa del día 23 de diciembre de 2012 VER ARCHIVO (.PDF)

Lo de 150 años es literal:la ley del notariado es del 28 de mayo de 1862, lleva la firma de Isabel II y, con leves cambios, aún está en vigor. Regula a un cuerpo de funcionarios peculiar, unos privilegiados que disfrutan de lo mejor de ambos mundos: la tranquilidad del puesto de trabajo asegurado y los mejores sueldos del sector privado. Ejercen en régimen de oligopolio una plaza pública cuyos beneficios no solo son privados, sino que suelen ser estratosféricos. Pese al pinchazo de la burbuja, ganan de media bastante más que un presidente del Gobierno, un ministro o incluso un controlador aéreo. Sus elevados salarios son un impuesto privado obligatorio que pagan todas las empresas del país. Son esos costes que lastran nuestra competitividad.

Aun admitiendo las ventajas de que exista un sello oficial y obligatorio de determinadas operaciones económicas -que ya es mucho suponer-, ¿qué necesidad hay de que ese visado esté por duplicado y haya que pagar primero al notario y después al registro mercantil o de la propiedad? ¿No bastaría con uno solo? Y, ya que es un registro público, ¿no lo podrían gestionar funcionarios normales de la Administración, más aún en los años de la informática e internet? En cuanto a su función de tutela del cliente, está por demostrar. Supongo que no conocerán muchos notarios que hayan desaconsejado una hipoteca abusiva, o que hayan puesto demasiados problemas para permitir en la propia notaría una compraventa con dinero negro de por medio.

En Francia, como en otros países europeos donde persiste el derecho latino, también hay notarios y registradores de la propiedad, pero estos puestos no implican sueldazos como los de España, donde el estudiante más listo de derecho encuentra una recompensa mayor en esta profesión que en oficios más cruciales para la sociedad, como juez, abogado o fiscal. Es una anormalidad, además de una amoralidad. Pero no esperen que Rajoy, titular en el exilio del registro de Santa Pola, vaya a ser el presidente que aborde esta gran reforma estructural.

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