La atención postpenitenciaria está en tierra de nadie y con pocos recursos

La atención social postpenitenciaria para las personas que han cumplido su condena y salen de la cárcel "está en tierra de nadie" y cuenta con escasos recursos, en un ámbito en el que sólo actúan de forma altruista y voluntaria algunas entidades sociales con muy poco apoyo de las administraciones.

Esta es una de la conclusiones del informe sobre la reinserción postpenitenciaria que ha elaborado, por encargo de la Mesa del Tercer Sector Social de Cataluña, la profesora y coordinadora del Grupo de Investigación de Pedagogía Social para la cohesión e inclusión social de la Universidad de Barcelona (UB), Pilar Heras.

El informe, que también ha analizado la atención postpenitenciaria en otros países europeos para compararla con la situación española y catalana, constata que en España existe un vacío en las políticas sociales para conseguir que los expresos "tengan una igualdad de oportunidades", con el agravante que aquí las estancias carcelarias son más largas.

En Cataluña, por ejemplo, la estancias en la cárcel son de las más altas de Europa, ya que sólo un 38 % son inferiores a 3 años, un 52 % de los reclusos están entre 4 y 10 años y el 10 % cumplen penas superiores a los 10 años. España también cuenta con una de las tasas de población encarcelada más altas, con 144 personas por cada 100.000 habitantes -123 en Cataluña-, muy por encima de las 60 de Dinamarca, las 80 de Holanda o las 90 de Alemania.

"Una persona que ha estado muchos años en la cárcel sale con un lastre de muchas cosas que le hacen imposible llevar una vida normal", ha explicado Heras, que ha enumerado los problemas sociales, de empleo, sanidad, vivienda o educación a los que se enfrenta una persona que sale de la cárcel tras cumplir su pena.

"Este es un tema invisible, del que se habla poco, pese a que los expresos son uno de los colectivos más vulnerables de nuestra sociedad", ha destacado la investigadora, que ha indicado que sólo un 43 % de los exrreclusos consigue una inserción laboral en el primer año tras cumplir su condena, "aunque muchas veces contabilizan como reinserción laboral haber trabajado sólo un día". La falta de una red familiar y social, problemas de acceso a una vivienda, drogodependencias y problemas de salud mental son algunos de los lastres que más afectan a este colectivo, "además de los efectos psicológicos de la 'presonización'", ha indicado Heras.

En su informe, la especialista ha reclamado que las políticas sociales de reinserción no se circunscriban únicamente a la atención penitenciaria, sino que se haga un acompañamiento social cuando los presos salen de la cárcel. En este sentido, ha reclamado a la Generalitat un plan interdepartamental y que no recaiga sólo en el departamento de Justicia -el competente de las cárceles en esta comunidad- o el Ministerio del Interior, en el caso de España.

"Hay que hacer visible esta realidad y no revictimizar a los afectados, no ponerles más etiquetas", ha dicho Heras, que ha reclamado también profesionalizar a los voluntarios que actualmente trabajan en servicios de reinserción postpenitenciaria y copiar modelos europeos, como el noruego, en el que se facilita vivienda a los exreclusos para que puedan reiniciar su nueva vida. "También hay que invertir más recursos económicos, que son rentables para la administración, porque la reinserción significa menos reincidencia y menos reingresos, con lo que acaba siendo más barato invertir en la reinserción de los expresos que en recursos de punición y privación de libertad", ha señalado Heras.

La presidenta de la Mesa del Tercer Sector Social de Cataluña, Àngels Guiteras, ha denunciado que en Cataluña la Comisión Interinstitucional para la Reinserción Social (CIRSO) no se ha reunido y está inactiva desde hace cinco años. "Hemos de conseguir instaurar la idea de la segunda oportunidad, porque una persona no puede ser presa toda la vida, y que este tema sea proritario en la agenda política", ha concluido Heras.

En Cataluña, hay actualmente 9.208 personas encarceladas, un 19,97 % de ellas como preventivos y el 87,03 % como penados, un 20 % de ellos clasificados en tercer grado. El año pasado salieron en libertad 4.739 personas, de las que sólo una cuarta parta acabó su condena desde la libertad condicional.

"El índice de reincidencia se mantiene sobre el 45 %, pero baja al 15 % en el caso de las personas que pasan por procesos de transición a la comunidad, ya sea cumpliendo una parte en tercer grado o en libertad vigilada, mientras que la libertad desde el primer o segundo grado aumenta la reincidencia por encima del 50 %", ha destacado Guiteras.