Mentiras y estadísticas

¿Qué nota sacaría el Consejo de Ministros en ese estudio de la OCDE sobre la comprensión lectora y las habilidades matemáticas de los adultos? A juzgar por sus últimos patinazos, un suspenso rotundo. Primero fueron los Presupuestos Generales del Estado: un «error» en los números disparó el cálculo de la deuda en 10.000 millones de euros. Después fueron los salarios: el maravilloso Cristóbal Montoro presumió de que en España los sueldos siguen creciendo, para pasmo de cualquier ciudadano e incluso de la propia patronal. Y el viernes llegó la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría con su medio millón de parados españoles que, según sus sorprendentes cifras, se dedican a estafar a los demás. «Estoy hablando de personas que cobran prestación por desempleo y que sin embargo trabajan fraudulentamente, trabajan en B», aseguró la vicepresidenta.

Los números: si Sáenz de Santamaría dice la verdad, casi uno de cada cinco parados que cobran el desempleo sería un defraudador. ¿La realidad? Que no llegan ni a un cuarto de la mitad de la mitad. Según las cifras del propio Ministerio de Empleo, solo hay 60.000 personas este año que hayan perdido su prestación. Y entre los sancionados, la mayor parte lo son por problemas administrativos, que nada tienen que ver con trabajar fraudulentamente.

Al igual que los bancos o los casinos, el Gobierno siempre se equivoca con los números a su favor. Ya que no puede reactivar el empleo

-en el último año, a pesar de la propaganda sobre el final de la crisis, se ha destruido otro medio millón de puestos de trabajo-, quiere ahorrar endureciendo los requisitos para poder cobrar la prestación. Solo así se entiende que en los Presupuestos del  2014 se haya previsto un 6,3% menos en esta partida, a pesar de que el Gobierno admite que el paro apenas va a bajar. No sería la primera vez que se endurece el acceso a esta prestación, y entre los nuevos e injustos requisitos ya en vigor está, por ejemplo, que los parados no puedan salir más de 15 días al año del país si quieren cobrar.

El Gobierno olvida que la prestación por desempleo no es un regalo. No es caridad: es un derecho ganado y pagado por los trabajadores a través de sus impuestos. Y si la vicepresidenta quiere combatir el fraude en la Seguridad Social, que mire en su propia casa: que nos explique por qué el PP paga con dinero público el sueldo y las cotizaciones a empleados que «trabajan desde casa» sin actividad conocida: antes fueron Luis Bárcenas o Jesús Sepúlveda, ahora es el cuñado de Bárcenas, exjefe de seguridad del PP. En el caso del cuñado de Bárcenas, tiene hasta chiste: se supone que está en el departamento de mantenimiento, probablemente el único puesto donde resulta imposible teletrabajar.