LA CARRERA A LAS URNAS
El PP propone "mejoras" en el marco autonómico para "reforzar" la unidad de España
El programa electoral con el que Mariano Rajoy se presentó en el 2011 a las elecciones no incluía ni una línea sobre la defensa de la unidad de España, pese a que forma parte de las esencias del partido conservador. Sin embargo, el compromiso electoral con el que el presidente prevé revalidar su cargo el 20-D, después de una legislatura en la que el desafío independentista ha alcanzado cotas inimaginables, incluye un capítulo específico destinado a garantizar la unidad del país y que la soberanía nacional no será "troceada".
"Queremos una España más unida, más fuerte, más pujante, más justa y más cohesionada“, ha reivindicado este domingo la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, en la presentación del primer bloque del programa electoral, que el PP está difundiendo por fases, y hoy tocaba: "la España que queremos". Dicho apartado consta de 32 páginas en las que los conservadores proponen, de forma imprecisa, una “mejora del marco autonómico para reforzar la cohesión territorial, la unidad en torno a la pluralidad y la solidaridad” para resolver los choques surgidos con las autonomías, especialmente con Catalunya. Cospedal ha añadido en el acto oque su partido apuesta porque queden "perfectamente definidas" las competencias propias del Estado y las de las autonomías.
Los populares se comprometen además a reformar el sistema de financiación para garantizar una oferta básica común en todas las comunidades, así como la incorporación a la ley que regula el uso de la <strong>bandera </strong>y otros símbolos de los “mecanismos jurídicos” que garanticen su cumplimiento, para intentar evitar, entre otras cosas, los pitidos al himno o las deshonras a la bandera.
DEFENSA DE LA CONSTITUCIÓN
Al mismo tiempo, el PP garantiza que si vuelve a gobernar “aplicará todos los recursos que la Constitución habilita para plantar cara” al secesionismo. En este sentido, el programa conservador hace una defensa férrea de la Carta Magna y, frente al compromiso de sus oponentes para retocarla, advierten de que las reformas que España que “necesita” deben afrontarse “con lealtad institucional” y “sin necesidad de rectificar el núcleo de las decisiones fundamentales adoptadas en el 78”. Es decir, no se cierran en banda a su reforma pero acotan la misma a cuestiones colaterales.
Tanto Cospedal como Andrea Levy -coordinadora del programa- han considerado este domingo que, en contra de la opinión defendida por los oponentes de Rajoy, "lo verdaderamente moderno no es cambiar la Constitución sino decir que nuestros valores constitucionales son los que nos hacen únicos".
El bloque del programa desvelado hoy incluye una batería de medidas destinadas a atajar la corrupción, entre las que destaca el compromiso de que los altos cargos abandonarán su puesto en el momento en que se abra un juicio oral contra ellos, una regulación de los lobbys, una reducción del aforamiento, una vinculación del indulto a la “política penal del Gobierno” o un refuerzo del control sobre las subvenciones públicas.
LEY ELECTORAL
Asimismo, el PP propone reformar la ley electoral para que en los ayuntamientos gobierne la lista más votada, reducir las campañas y gastos electorales y reformar los reglamentos del Congreso y el Senado. En el caso de la Cámara baja, para que sea más accesible, participativa y ágil. Y en el Senado para reforzar su papel como cámara de representación territorial. Ambos cambios se han intentado esta legislatura y no han salido adelante, según la oposición, por la cerrazón del PP, que ahora propone de nuevo las modificaciones.
En materia de justicia, el programa recoge algunas de las leyes que han quedado pendientes esta legislatura, como el código procesal penal, pero olvida medidas polémicas que el PP si prometió en el pasado como que los jueces elijan al Consejo General del Poder Judicial. Llama la atención además que se compromete a nombrar un fiscal especializado en el robo de bebés.
EL TC, SIN CAMBIOS
Nada dice en cambio del Tribunal Constitucional, que en el 2011 se comprometió a reformar para “fortalecer su independencia”. Sin embargo, el Gobierno reformó in extremis su naturaleza, al final de la legislatura, con el fin de que si el órdago independentista va a más, los jueces puedan suspender de sus funciones a sus promotores. En este contexto, fuentes del PP admiten que no hubiera sido adecuado incluir nuevos retoques que cuestionaran la institución en el programa electoral.
El PP se compromete además con la “memoria, verdad, dignidad y justicia” que exigen la mayoría de asociaciones de víctimas del terrorismo y a reforzar el Estado de Derecho y a las fuerzas y cuerpos de seguridad para que contribuyan al mantenimiento de la seguridad.
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