Desahucios, 'okupas' y la ley de la selva

Entre el 2012 y el 2015, en Entre Todos recibimos muchas cartas de ciudadanos a los que les desahuciaban el piso por impago de la hipoteca. Eran tiempos en los que, en gran medida gracias a la acción de la PAH, el drama de las familias a las que la crisis ponía literalmente en la calle se convirtió en una emergencia social. En la cúspide del problema, muchas familias, bajo el amparo activista y legal de la PAH, ocuparon pisos o edificios enteros vacíos propiedad primero de bancos y, después, de la Sareb. En el discurso político se criticaba esta medida, pero en la conversación pública (las numerosas cartas que recibimos entonces dan fe de ello) se aplaudía, se comprendía, se justificaba, se apoyaba. Tal vez por eso muchas de esos ocupaciones entraron en procesos negociadores.

Ahora, la mayoría de cartas que recibimos son de ciudadanos que explican historias para no dormir sobre viviendas ocupadas. Hay básicamente de dos tipos: gente a la cual le han ocupado una vivienda de su propiedad, y gente que (mal) convive en edificios con pisos ocupados. "Yo de mayor quiero ser ocupa", dice con sarcasmo Isabel Esmel, de Barberà del Vallès, que denuncia que en un edificio de 24 apartamentos unos "okupas" se han instalado en uno cual Atila: han roto el ascensor, han conectado la electricidad del piso a la general de la comunidad, invitan a amigos y familia a la piscina comunitaria, generan ruidos de madrugada... Isabel se queja de que los Mossos d'Esquadra les dicen que sin denuncia del propietario del piso no hay nada que hacer, y acaba: "Si yo no pago el IBI, el agua, la luz y el gas, si no abono los recibos de alquiler o hipoteca, y por vacaciones me voy a Pedralbes en algún palacete a tomar el sol y refrescarme en la piscina, nadie me recriminará este tipo de vida idílica en la que todo es de todos pero unos pagan y otros no, ¿verdad?".

OBLIGADOS A VENDER

Hay muchos más testimonios. David Bueno, tras denunciar incluso agresiones, ha puesto a la venta su piso del Raval ("Y los únicos compradores son extranjeros que los quieren para alquilarlos a turistas"). Benet Pera, de Canet de Mar, explicó que tardó casi tres años en recuperar su casa. V. S. (prefirió firmar con iniciales) nos explicó la historia de M. C. , de 80 años, a quien le ocuparon el piso con el pretendía sufragar la residencia de ancianos. María Jesús Alonso, propietaria de un piso en Sabadell situado en un edificio "con el 60% de viviendas okupadas" por ser propiedad de bancos, describió un infierno de incivismo: buzones y puertas rotos, basura, realquiler de pisos ocupados, obras internas sin autorización... Una historia muy similar contó Ángel Costa, de L'Hospitalet, que acababa así su carta: " La justicia debería ser más rápida para estos casos y agilizar los trámites porque seguro que hay mucha gente afectada por situaciones parecidas".

La misma denuncia contra la justicia se lee en la carta de Carmen Pérez-Pozo titulada ' Me han okupado el piso en vacaciones': "Estos okupas se aprovechan de la debilidad del sistema, son conocedores de la normativa, de la lentitud de la justicia y del breve plazo de tiempo que las fuerzas de seguridad tienen para resolver estas ocupaciones ilegales. Sus abogados les dicen lo que han de hacer para que no se les eche, y te chantajean pidiendo una indemnización para devolverte el uso de tu piso o te ofrecen pagar un alquiler irrisorio si no quieres pasarte de ocho meses a un año, en el mejor de los casos, para recuperar una vivienda de la que quizá aún estás pagando la hipoteca". Carmen, abogada, denuncia que los okupas ya no son (o no solo) familias necesitadas, sino mafias organizadas que castigan no a bancos, sino a "particulares que han sufrido la misma crisis que muchos ocupantes y han seguido pagando sus hipotecas para que no los desalojasen, sus impuestos, tasas y arbitrios". Y alerta: "Ya empiezan a anunciarse empresas que solucionan de manera rápida y legal las ocupaciones ilegales. ¿Hemos de crear un sistema paralelo ante la ausencia de un Estado eficaz?"

DERECHO A LA VIVIENDA

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Se refiere Carmen a empresas como Desokupa, especializada en el desalojo sin orden judicial de personas que residen en domicilios que no son de su propiedad o por los que no pagan alquiler, y sobre la que ya penden varias denuncias. Su existencia contribuye a una sensación generalizada: la vivienda, lejos de ser un derecho, se ha convertido en un territorio en el que prima la ley de la selva. Como denunciaba en una carta la Assemblea de Barri del Raval, "a pesar de lo que hemos vivido en los últimos años, sigue sin haber políticas que garanticen el derecho a la vivienda, y no se han tomado más que medidas parciales y paliativas, que atajan el drama solo cuando la familia ya está prácticamente en la calle".

Y de forma paralela, la justicia no sabe o no puede o no quiere actuar contra casos fragrantes de ocupación de casas de particulares y de pésima convivencia que, por los barrios en los que se dan, suelen sufrir ciudadanos que no son precisamente potentados del mundo de las finanzas. La suma de desahucios, parálisis de la justicia, mafias y "empresarios" que ven en un vacío legal un lucrativo, alegal en el mejor de los casos nicho de mercado hace crecer una peligrosa e intolerable sensación de desamparo que, a lo bruto, se resume en el miedo a que cualquiera puede perder su vivienda en cualquier momento ya sea en manos del banco si las cosas van mal, ya sea en manos de okupas o mafias si tienes mala suerte.