LA RECAUDACIÓN DE FONDOS

De partidos a repartidoras

La financiación de las formaciones está en la raíz del problema de la corrupción

Hasta el Consejo de Europa denuncia su opacidad

Diputados de todos los partidos en una sesión del Congreso del pasado junio.

Diputados de todos los partidos en una sesión del Congreso del pasado junio. / JUAN MANUEL PRATS

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ANDREU FARRÀS / Barcelona

«Ustedes tienen un problema y este problema se llama 3%». Breve, cortante, seca, la frase del siempre imprevisible Pasqual Maragall fue un misil en plena santabárbara de CiU. Fue pronunciada en el pleno del Parlament el 24 de febrero del 2005. Cayó como agua hirviendo. Quizá marcó el principio del fin político de Maragall, pero nunca tan pocas palabras describieron con tanto tino lo que sucedía y sucede con los partidos políticos de este país: la financiación ilegal de la mayoría de estas organizaciones desde la restauración de la democracia. Pocas veces como entonces se había dicho tan claro en España, en una cámara legislativa y por parte de un jefe del Ejecutivo, lo que todos los políticos sabían y poquísimos admitían en público.

De hecho, nadie desmintió a Maragall. Y si él retiró -que no rectificó- sus palabras fue en aras de un supuesto objetivo superior --«el servicio de Catalunya»--, dado que Artur Mas le había amenazado con boicotear la reforma del Estatut si no borraba sus palabras del acta de la sesión. De modo implícito, los líderes de las dos grandes formaciones catalanas admitieron así que las libertades del país no tenían ninguna relación con la presunta financiación ilegal de una de ellas a través del cobro de comisiones por las concesiones de obras públicas. De nuevo, se corrió una tupida bandera --en este caso cuatribarrada-- sobre un caso de podredumbre.

Resistencia

La financiación de los partidos, la contratación pública y las subvenciones oficiales forman los tres pilares que soportan la corrupción en las sociedades democráticas. En España, para el segundo y tercer pilar rigen medidas legales que dificultan el cohecho. En cuanto a la financiación, los partidos se han resistido, cuando han gobernado, a interponer obstáculos al dinero negro y las trampas contables. El Tribunal de Cuentas y la Fiscalía Anticorrupción se han hartado de denunciar en sus memorias anuales que las leyes de financiación son incumplidas «por sistema» por todos los partidos en el capítulo de las aportaciones privadas, que son las que permiten más opacidad.

El Consejo de Europa también se ha quejado reiteradamente de las malas prácticas en los partidos españoles (sobre todo el dinero que manejan las agrupaciones locales y el procedente de fundaciones) y la incapacidad del Tribunal de Cuentas para una supervisión efectiva, porque no puede cruzar datos con la Agencia Tributaria y, por tanto, no puede comprobar si los altos cargos de un determinado partido recibieron y declararon sobres extras. El Tribunal de Cuentas ha asegurado que hasta finales de este año no se pondrán al día con las cuentas de los años 2008, 2009, 2010 y 2011.

La última ley fue aprobada en tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero, una década después de que varias formaciones empezasen a hablar de la necesidad de reformar la ley aprobada en 1987. Sin embargo, no se pusieron de acuerdo hasta el siglo siguiente, y tras múltiples exhortaciones del Tribunal de Cuentas.

Resistencia de los partidos

¿Por qué se resisten tanto los partidos a ser transparentes con sus cuentas? Tras 40 años de dictadura, su baja implantación social a lo largo de todos estos años les ha forzado a acudir al dinero público para sobrevivir, dado que las cuotas de sus escasos afiliados y las donaciones no cubren los cuantiosos déficits y endeudamientos. ¿Por qué tienen tantos gastos? Joan Botella, catedrático de Ciencias Políticas de la UAB, destaca que las campañas electorales españolas son demasiado caras, más que en Francia, y en cada convocatoria se abre una espiral endemoniada para copar los medios de comunicación con costosos espots, carteles, vídeos, cuñas y mítines y reparto de correo.

En los últimos 30 años de democracia española se han registrado más de 140 casos de corrupción. La utilización de funciones y medios de las organizaciones públicas en provecho propio de sus gestores ha sido llevada a cabo principalmente por los dos partidos mayoritarios, PSOE y PP. Sus campos de actuación preferidos han sido la construcción y el urbanismo. En una década, y solo en 28 casos, la sustracción alcanzó los 4.158 millones, según las memorias de la Fiscalía Anticorrupción y diferentes procedimientos judiciales. Por territorios, los casos más escandalosos se han conocido en Valencia, Baleares, Catalunya y Marbella.

Los partidos se resisten a salir de la opacidad, según Antón Losada, profesor de Políticas en la Universidad de Santiago. «Por la propia rutina de los aparatos; por la pereza de los burócratas a tener que dar más explicaciones; porque a los empresarios tampoco les interesa que se sepa a quién dan ni cuánto dan ni a cambio de qué, y porque la sociedad española sufre un déficit de cultura democrática y no comprende que la política no es gratuita y que lo normal es realizar donativos a los partidos sin esperar contraprestaciones». Es forzoso un cambio de paradigma en los partidos. Todo el mundo está de acuerdo. Salvo los partidos. «Se han convertido en máquinas de hacer dinero», opina Jordi Climent, exdirector de investigaciones de la Oficina Antifrau. «Han dejado de ser estructuras al servicio de la ciudadanía y de una ideología para transmutarse en repartidoras de cargos. ¿Cómo van a querer regenerarse desde dentro?». Botella propugna «medidas ejemplares con los responsables» de los últimos escándalos y que, si se promueve un nuevo pacto entre los grandes partidos, «no vuelva a servir para encubrirse mutuamente».

Aparte de su financiación irregular, los partidos usan otros métodos reprobables como el tráfico de influencias y los clientelismos electorales a través de las administraciones públicas que están bajo su control. Roberto Velasco, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad del País Vasco, recuerda en su libro Las cloacas de la economía que en Andalucía se han llevado a cabo «medidas generadoras de clientelas» como el PER, aunque no olvida las actuaciones durante decenios de CiU en Catalunya, PNV en Euskadi y PP en Castilla y León, «donde el objetivo central parecía ser terminar con el paro de la militancia y otros asuntos bastante menos nobles».

Corrupción «eficiente»

Hay un grupo de economistas neoliberales que sostienen que la corrupción puede mejorar la eficacia de los mercados. Uno de ellos, Toke S. Aidt,

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habla sin complejos de la corrupción eficiente y pone como ejemplo la diferente reacción de las burocracias de Chile y Brasil ante la necesidad de controlar los precios de los alimentos durante los años 60 del siglo pasado. En Chile, la burocracia forzó la congelación de los precios y la producción de alimentos se estancó, mientras que la corrupta burocracia brasileña saboteó la congelación y la producción aumentó, lo cual benefició a los consumidores.

Los teóricos de esta corrupción eficiente citan un consejo del canciller Otto von Bismarck a uno de sus ministros: «Roba, pero moderadamente, porque así podrás mantener el puesto, trabajar para los demás y un poco para ti, y todo funcionará mejor». ¿Qué político español osará desobedecer al tatarabuelo político de Angela Merkel?