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ALARMA SOCIAL POR LOS ESCÁNDALOS POLÍTICOS

Por el fin de la impunidad

Ante la oleada de casos de corrupción, EL PERIÓDICO impulsa a partir de hoy un debate para recoger propuestas con las que poner coto a esta lacra

Lunes, 4 de febrero del 2013 Imprimir Enviar esta noticia Aumentar/ Reducir texto
JOAN CAÑETE BAYLE

Si alguna vez este fue un país tolerante con la corrupción, parece que ya no. Entre atónitos y profundamente indignados, a medio camino entre la incredulidad y la incómoda sensación de sentirse estafados, los ciudadanos han asistido estos últimos días a una tormenta perfecta de corrupción, un tsunami de podredumbre en la vida pública. Desde las jefaturas del Estado y del Gobierno hasta el Ayuntamiento de Lloret, desde el PP hasta CiU, el lodo de la corrupción lo ha salpicado (casi) todo y a (casi) todos, hasta niveles que obligan a un «Basta ya» colectivo.

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Información publicada en la página 2 de la sección de Tema del día de la edición impresa del día 04 de febrero de 2013 VER ARCHIVO (.PDF)

No es suficiente con que el presidente del Gobierno apele a su credibilidad para desactivar el caso Bárcenas; tampoco con que la oposición, como hizo ayer Alfredo Pérez Rubalcaba, exija su dimisión. Las viejas liturgias ya no sirven; urge replantearse unas reglas del juego que no funcionan. Lo grave no es solo que entre la ciudadanía cunda el desánimo, la desconfianza y la indignación hacia sus representantes y los partidos, sino que crece el riesgo de deslegitimación de las instituciones.

En diciembre, el CIS indicaba que los españoles consideran a los políticos el tercer problema de España, y a la corrupción, el cuarto, solo por detrás del paro y de la crisis. ¿Qué sucedería ahora? El último barómetro elaborado por el Gabinet d'Estudis Socials i Opinió Pública para EL PERIÓDICO, que incluye la primera fase (cuentas en Suiza) del caso Bárcenas, indica que nueve de cada diez españoles consideran que la corrupción es un problema enquistado en el sistema político español.

CRISIS Y CORRUPCIÓN / Entre la opinión pública, la tolerancia hacia la corrupción se debilita a la par que se refuerza la idea de que las corruptelas son una de las causas de la crisis y que la impunidad es moneda común entre los políticos. Esta intolerancia contra la corrupción tiene dos caras. Por un lado, es sin duda un ejercicio de responsabilidad ciudadana exigir cuentas. Pero cuando esta indignación se troca en descrédito de las instituciones, se enfila el camino hacia el lado oscuro donde aguarda el populismo.

¿Qué hacer, pues, además de indignarse? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se debe hacer? En estas circunstancias excepcionales, EL PERIÓDICO impulsa durante esta semana un debate abierto a todos (expertos, políticos, juristas, empresarios, movimiento sociales, lectores, periodistas y colaboradores del diario...) a fin de recoger propuestas para poner coto a la corrupción y acabar con la impunidad de los corruptos.

PODER A LOS CIUDADANOS / No es el primer debate sobre este tema que impulsa el diario. En los anteriores, aparecieron palabras como transparencia, concienciación social y ética. Es seguro que de nuevo se hablará de regeneración democrática porque son muchos los que conciben la lucha anticorrupción no como un compartimiento estanco, sino como parte de un esfuerzo global de calidad democrática (control de los cargos públicos, listas abiertas, reforma de la ley electoral...) que en última instancia busca debilitar el aparato de los partidos y dar más poder al ciudadano.

A buen seguro se propondrán medidas de control independiente de los partidos, iniciativas legales y pactos éticos (¿debe dimitir un cargo público imputado o hay que esperar a una condena?). Y habrá críticas. A la lentitud de la justicia. A los periodistas. A los políticos. A los ciudadanos. De eso se trata, por eso el debate se enmarca dentro del hashtag #MásDemocracia. Porque los problemas de la democracia deben afrontarse así, con más democracia. En palabras del lector Jorge Fernández: «La corrupción destruye nuestra democracia y nuestra moral. Todos somos iguales ante la ley y hay que exigir a los políticos un plus de ética».

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