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Propósito de enmienda
La mayoría de los partidos aplauden el decálogo de propuestas anticorrupción propuesto por EL PERIÓDICO ERC e ICV denuncian que llevan años planteando medidas similares sin éxito
Buenos propósitos y compromisos más bien genéricos. Esto es lo que cosechó ayer entre los partidos la publicación del decálogo de medidas contra la corrupción presentado por EL PERIÓDICO. Ninguno quiso dar la espalda a las propuestas, si bien solo los líderes de ERC e ICV-EUiA se declararon abiertamente favorables a ellas. CDC y Unió optaron por una respuesta amable pero más global. El secretario general convergente, Josep Rull, en una entrevista en Catalunya Informació, prefirió incidir especialmente en el camino ya emprendido en la anterior legislatura, y ahora recuperado, en favor de una ley de transparencia. "Ayudará a recuperar la confianza" de los ciudadanos en la política, sostuvo. Rull propuso que también se tipifique como corrupción la "guerra sucia" que, según CDC, está practicando el Estado contra el proceso soberanista que se ha iniciado en Catalunya.
Listas abiertas
La secretaria de organización de Unió, Marta Llorens, también optó por circunscribir las posibles medidas a la ley de transparencia y a la ley electoral. "Estamos de acuerdo en acercar la política a los ciudadanos a través de la incorporación de listas abiertas en un sistema mixto como el alemán en el que se vota al diputado por circunscripción y a la lista del partido", afirmó. Llorens saludó propuestas como la de EL PERIÓDICO "que ayudan a profundizar en un debate que ha de llevar a acuerdos con serenidad y consenso". La líder del PPC, Alicia Sánchez-Camacho, se aferró a los pasos que está dando su dirección en Madrid para responder al 'caso Bárcenas' y pidió que el resto de líderes hagan como el presidente del Gobierno y publiquen sus declaraciones de renta y patrimonio.
El primer secretario del PSC, Pere Navarro, lanzó un mensaje global favorable a un gran acuerdo. Así, propuso un pacto de "tolerancia cero contra las prácticas corruptas" y, como CiU, centró los objetivos en las leyes en marcha en el Parlament. Más a la izquierda, ERC e ICV sí hicieron suyo el decálogo y añadieron que llevan años tratando de que los grandes partidos lo asuman. "Siempre hemos defendido las listas (electorales) desbloqueadas que permitan a los electores escoger a sus candidatos", afirmó Oriol Junqueras en Twitter. El dirigente ecosocialista Joan Herrera recordó que "a menudo hemos propuesto (las medidas del decálogo) y nos lo han rechazado".
Propuestas en la papelera
En efecto, en los últimos seis años, el Congreso ha debatido una docena de propuestas promovidas por grupos minoritarios, sobre todo ERC e ICV, para aumentar los controles sobre la gestión pública, endurecer los castigos por corrupción y hacer más transparente la financiación de los partidos. Todas acabaron en la papelera aplastadas por la mayoría imperante, del PP o del PSOE, y con la colaboración de CiU.
En el 2006 el Gobierno del PSOE logró el apoyo de todos los grupos, salvo el PP, a la ley de financiación de partidos, que restringía las donaciones anónimas. Pero PSOE, PP y CiU se aliaron para tumbar las enmiendas de IU-ICV que proponían tipificar como delito penal la financiación ilegal. En el 2009, ERC planteó que se difundiesen los donativos a las fundaciones de partidos, pero ni se debatió por el bloqueo que durante dos años impusieron PSOE, PP, CiU y PNV. En el mismo olvido cayeron otras tres proposiciones de ERC e ICV, cuyo objetivo era frenar la corrupción urbanística con penas de hasta 30 años de inhabilitación.
Hace tres meses, PP, PSOE y CiU, bloquearon las enmiendas de Izquierda Plural dirigidas a incrementar de dos a seis años las penas de cárcel por fraude en subvenciones. CiU y PPC trasladaron la pasada legislatura al Parlament el mismo esquema del Congreso. En el 2011, Herrera defendió una moción que exigía reactivar la ley electoral y apostar por las listas abiertas y el control del gasto electoral, con medidas como un mailing conjunto de partidos. CiU, que entonces rechazó el texto, ha impulsado ahora la creación de la ponencia para la ley de transparencia y la electoral. Y tras la cumbre anticorrupción, ICV se sigue preguntando por qué CiU pidió la colaboración de la Oficina Antifrau, a cuya creación se opuso ferozmente en tiempos del tripartito.
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